La tarde de este jueves, durante la Segunda Sesión Jurisdiccional del año 2023, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) decidió aplazar nuevamente la exposición del caso E034/2022 JRA relativo al supuesto desvío de recursos por parte de Pedro Santa Rosa cuando fungió como funcionario público, al frente del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física.

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Al inicio de la sesión, se tomó el pase de lista por la Magistrada Presidenta Mayra Arróniz; en la sesión estuvieron presentes los magistrados Daniel Morales Luévano, Alejandro Tavares Calderón y José Alberto Nava Rojas.

El primer asunto que se sometió a votación fue el retiro de diversos expedientes, entre ellos el E034 JRA que corresponde al caso del ex funcionario corralista, Pedro Santa Rosa, a quien la Auditoría Superior del Estado acusa de cometer faltas administrativas graves, específicamente, desvío de recursos.

El motivo, comentó la Magistrada Presidenta, es que la ponencia del Magistrado que atiende el caso requiere mayor estudio y hacer unos cambios en ese proyecto, por lo que se aceptó cambiar de fecha nuevamente la resolución del tema.

Hay que recordar que el asunto se ha aplazado en dos ocasiones, debido al estado de salud del magistrado ponente, e incluso, según informó el Auditor Superior del Estado Héctor Acosta Félix, se suspendieron las sesiones en general por el estado de salud del Magistrado y no por el asunto del ex funcionario particularmente.

Fue en el 2019 cuando, el entonces titular del ICHD benefició a una empresa en la cual él formaba parte en el Consejo de Administración, lo cual significa un conflicto de intereses y la comisión de una falta administrativa grave.

El monto del beneficio asciende a 1 millón 360 mil pesos, el cual se pagó para la empresa “LBE Chihuahua”, la cual fue contratada por la dependencia a su cargo; a razón de esto, se inició un juicio por Responsabilidad Administrativa donde los magistrados discutirán si hubo o no conflicto de intereses.

La Auditoría Superior del Estado, recibió una denuncia ciudadana por el hecho y se comenzaron las indagaciones; el órgano de control, realizó auditorías en las cuales hubo observaciones que no se pudieron sustentar y derivaron en el juicio antes mencionado.