El Congreso del Estado aprobó enviar al Congreso de la Unión el proyecto de dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, el cual tiene como objetivo proveer y fortalecer las herramientas jurídicas para atender el tema migratorio.
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Debido a que Chihuahua cuenta con una de las principales ciudades que mayor flujo migratorio recibe, es que validaron este dictamen, el cual pretende modificar la Ley de Migración, motivo por el cual se debe analizar a nivel federal.
La propuesta emitida por los legisladores chihuahuenses es realizar las adecuaciones en la normativa para, de manera conjunta, atender el tema, pues coincidieron en que la aplicación de las medidas para atender la migración debe ser una responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno.
Por lo anterior, dentro de la propuesta se señalan los principios en los que se debe sustentar la política migratoria del Estado mexicano, como el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, por lo que en ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
El poder ejecutivo a su vez, determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los demás poderes de la Unión, tomando en cuenta la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
En caso de que el Congreso de la Unión apruebe el dictamen, la operación de la política migratoria, los gobiernos de las entidades y los municipios, deberán acceder al presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de las personas migrantes previstas en la ley.
Igualmente, en el dictamen se establece que la Plataforma Nacional de Personas Migrantes funcionará en coadyuvancia con las entidades federativas y municipios, a fin de ser la base para designar el presupuesto necesario para la atención.
Se establece que el Gobierno Federal será el órgano competente para declarar la situación de crisis migratoria en los Estados en los que se presenten flujos masivos de personas migrantes y en respuesta a la petición que hagan los municipios o entidades.