Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, realizaron una sesión, con el objetivo de analizar diversos temas, fue la diputada Margarita Blackaller, encargada de la misma, quien dio lectura a la orden del día y puso a consideración los asuntos a tratar.
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Dentro de los puntos, destacó la iniciativa que pretende reformar el decreto que tipifica el Delito de Desplazamiento Forzado Interno en el artículo 2064 del Código Penal del Estado de Chihuahua, del cual es iniciador el diputado Benjamín Carrera Chávez.
Se considera como desplazamiento forzado interno el obligar a un individuo a dejar su hogar por diversos motivos, en su mayoría por conflictos y violencia, lo que conlleva a que pierdan no solo su residencia, sino también sus derechos y oportunidades de crecimiento en diversas áreas, como lo son la laboral y educativa.
De tal manera que Chihuahua es parte de los 12 estados, en los cuales existen más personas afectadas por este delito y según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) en el 90 por ciento de los casos la violencia se dio de forma directa, dicho organismo tiene un recuento de 410 personas desplazadas en La Sierra Tarahumara, desde el año 2017.
La principal causa de desplazamiento forzado en Chihuahua es la presión que ejercen los integrantes del crimen organizado para ganar territorio y poder realizar sus actividades delictivas, como lo son la producción y tráfico de drogas, además de continuar con acciones como la tala clandestina y apropiarse de los recursos naturales de las zonas serranas.
Finalmente fueron tres votos a favor y una abstención con los que se aprobó el dictamen, el cual pasará al Pleno y será votado por los 33 legisladores y legisladoras en la siguiente sesión y posteriormente publicado en el periódico oficial, para que entren en vigor los cambios.
Fue el Diputado Gustavo de la Rosa, quien expuso como parte de sus motivos de abstención, que considera que el Poder Ejecutivo debe regresarlo por diversas observaciones, además de que no está de acuerdo porque cree que se quieren proteger las malas prácticas de la Fiscalía General del Estado.
