La diputada local, María Antonieta Pérez Reyes, informó que el hecho de que la juez determinara vincular a proceso a los presuntos responsables por delito de fraude a través de la empresa Aras Business Group, ratifica cada vez más que se cometió fraude, sin embargo dijo que hasta el momento no ha tenido mayor información sobre la emisión de la ficha roja en contra de Armando G.R., antiguo CEO de la empresa.
Lo anterior luego de que se llevara a cabo la mega audiencia por el presunto fraude de 27 millones de pesos a más de 142 parralenses a través de la empresa Aras, los presuntos responsables Óscar Gonzalo H. M., Diana Ivonne C.P. y Sergio Armando G.C., donde fueron vinculados a proceso y se determinó un plazo de seis meses para el cierre de investigación.
Agregó la legisladora que observa con gusto el hecho de que poco a poco se ratifique que particulares que se asociaron para adquirir recursos económicos mediante el delito de fraude afectando a ciudadanos incluso de otros Estados.
“Estoy segura que en las otras audiencias que se lleven a cabo, se llegará al mismo resultado, que es la ratificación del fraude en Aras Group, pero el gran reto que tendrá la Fiscalía General del Estado, es lograr poner en manos de los jueces, las casi 6 mil denuncias que quedan pendientes”, añadió.
Agregó que si se tiene contemplado judicializar 400 carpetas por audiencia y quieren agotar todas las carpetas en este año, tendrían que realizar por lo menos 15 audiencias cada 20 días, por lo que habrá que ver si el Tribunal Superior de Justicia está en condiciones de desahogar esta carga de trabajo.
En lo que respecta a la ficha roja de la Interpol en contra de Armando Gutiérrez Rosas, antiguo CEO de Aras Business Group, la legisladora de Morena, mencionó que desconoce que sucede con la FGR, porque hasta el momento no ha observado ninguna publicación de la ficha roja.
Abundó que la FGE, le informó que la ficha roja ya fue solicitada ante la FGR, para lo cual solicitó ver el documento, sin embargo se le responde que no pueden ser mostrados porque se trata de documentación controlada.
Fue el pasado miércoles cuando en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Parral se habilitó como sala de extensión del distrito Hidalgo para que las más de 142 víctimas tuvieran acceso a la audiencia, sin embargo, sólo asistieron 68 y tras varios recesos al final del día, a las 19:00 horas quedaron únicamente 8 afectados y 5 asesores jurídicos.