La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó este lunes el dictamen por medio del cual se contempla la creación de la Ley de Justicia Cívica para el Estado, por lo que pasará al Pleno este martes a fin de ser votada por el resto de los legisladores y, en su caso, ser aprobado en su totalidad.
Esta ley tiene como objetivo establecer las bases mínimas para la impartición de justicia cívica en todos los municipios de la entidad priorizando el diálogo y la conciliación previniendo que los conflictos comunitarios escalen a conductas delictivas u otro tipo de delitos.
La presidente de dicha Comisión, Georgina Bujanda, precisó que esto a su vez ayudará a descongestionar el sistema de justicia penal, además de ser un ahorro de recursos de varias maneras; “es un arma de empoderamiento para los ciudadanos porque son ellos los que ejercitan la justicia cívica, porque son ellos los que van a mediar, los que van a negociar, los que van a dialogar”.
Cabe mencionar que el morenista Gustavo De la Rosa no dejó pasar la oportunidad de señalar que considera esta ley una “invasión de competencias”, pues subraya que la justicia cívica debe ser de jurisdicción municipal y no estatal como se plantea con esta modificación.
De esa forma, dejó de manifiesto que el Congreso del Estado no tiene facultad alguna de modificar la división de jurisdicciones de la entidad, además de externar que se debió haber consultado esta cuestión con las diferentes autoridades involucradas.
En ese tenor, propuso que no se votara y mucho menos se aprobara a fin de analizar de nueva cuenta la ley para que, en lugar de que el Estado se convierta en cuadro de mando, sea cuadro de apoyo y se estudie en qué municipios sí beneficiaría aplicarlo como se plantea; sin embargo, fue el único integrante en votar en contra del dictamen.
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Ante esto, Bujanda Ríos aclaró que esta ley lo que hará es fijar las reglas generales de cómo debe tratarse la justicia cívica, por lo que aseguró no se está cayendo en inconstitucionalidad, pues no se está alterando nada en relación a los bandos de policía y buen gobierno, que son los que establecen las faltas o sanciones administrativas.
Dicho dictamen será votado este martes junto con otros más que se tienen pendientes por parte de las diversas comisiones legislativas.