La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), ha confirmado que el proceso para la apertura de cuentas bancarias de las asociaciones de padres de familia en las escuelas de Educación Básica del subsistema federalizado sigue en marcha.
Este avance permitirá a las mesas directivas de padres de familia acceder a los recursos financieros destinados a mejorar el funcionamiento de los planteles educativos y, por ende, beneficiar a sus hijos e hijas.
El proceso actual se centra en el cambio de la institución bancaria que administra estas cuentas. Hasta ahora, la firma de los contratos con Banamex ha experimentado retrasos, lo que ha causado preocupación entre las asociaciones de padres de familia.
La falta de acceso a estos fondos ha afectado la capacidad de las escuelas para realizar mejoras, solventar necesidades urgentes o adquirir insumos para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones escolares.
SEECH informó que se está trabajando de manera constante para superar los obstáculos que han ralentizado el proceso. Actualmente, el foco está en la recolección de información y documentación por parte de los centros de trabajo, la cual será enviada a los funcionarios bancarios para dar paso a la firma de los contratos correspondientes.
Además de los esfuerzos para resolver la demora en la firma de contratos, SEECH explicó que se están llevando a cabo trámites legales relacionados con el cambio en la titularidad del Departamento de Consejos Escolares de Participación Social y Atención a Padres de Familia.
Este cambio en la estructura organizacional es un paso necesario para regularizar los procedimientos y garantizar que los fondos estén en manos de las personas adecuadas, protegiendo así los intereses de las escuelas y las familias.
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Se espera que en breve SEECH proporcione fechas concretas para que los representantes de las mesas directivas, presidentes y tesoreros, acudan a firmar ante la institución bancaria. Este último paso será clave para liberar el acceso a los recursos financieros que, hasta ahora, han estado inaccesibles.
El retraso en este proceso ha generado inquietudes entre la comunidad educativa, que depende de estos fondos para solventar gastos de mantenimiento y la compra de materiales esenciales. Sin embargo, las autoridades han reiterado su compromiso de agilizar los procedimientos para que los padres puedan disponer de los recursos cuanto antes.
