El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno explicó que el motivo por el cual el Congreso del Estado aprobó reducir las sentencias por el delito de extorsión, obedece a una adecuación para evitar que, por medio de amparos, los casos se fueran cayendo y los detenidos quedaran en libertad.
Añadió que eran prácticamente la mayoría de los casos de personas procesadas por el delito de secuestro, los que quedaban en libertad tras promover amparos por temas de proporcionalidad de las condenas.
“Es importante hacer la aclaración, lo que pasa es que no estaban ganando por una cuestión del tipo legal, todos los amparos en Chihuahua por el delito de extorsión; había una disparidad en diferentes legislaciones federales y estatales, y se estaban valiendo de ese lado, porque argumentaban la proporcionalidad de las penas”, dijo.
Jáuregui Moreno, detalló que se llegó a la conclusión de reducir las condenas, para evitar que les siguieran ganando los amparos y que salieran libres por cuestiones de esa naturaleza.
Resaltó que lo que se realizó, es una adecuación en la legislación para que eso no vuelva a suceder y poder lograr penas condenatorias para quienes cometan ese tipo de delitos.
“Evidentemente no existe la intención de beneficiar a esos delincuentes, al contrario, la necesidad de reducirlas (las condenas) fue para poder tener éxito frente a ese tipo de detenciones que realizan todas las corporaciones de seguridad.
La pena de prisión máxima para el delito de extorsión, era de 70 años, para el estado de Chihuahua, sin embargo, tras la modificación, quedará una condena máxima de 30 años de cárcel.
César Jáuregui Moreno, manifestó que, seguramente quienes han recibido una condena de 70 años de prisión y se encuentran recluidos, solicitarán que se les aplique la nueva medida, sin embargo, dijo que no sería de mucha ayuda, pues las sentencias siguen siendo amplias.