La presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Mayra Aída Arroniz Ávila, reconoció que si el órgano a su cargo resuelve pocos trabajos en materia de responsabilidades administrativas, es porque los entes investigadores como la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control envían pocos caso a discutirse en este tribunal.
Es decir, que la carga laboral que atiende el tribunal, correspondiente al trabajo que envíen los entes investigadores, con el objetivo de que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa analicen si hay o no elementos suficientes para sancionar conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Podemos sacar 50 casos, porque nos llegan 50 casos, podemos atender más claro que sí, pero depende de los otros organismos, los asuntos no están llegando bien, nosotros no podemos estar arreglando los asuntos, nosotros tenemos que analizar cómo vienen integrados y conforme a derecho si existen elementos procedemos a sancionar”, comentó la titular del TEJA en Chihuahua.
Reconoció que la mayor carga que tiene el tribunal son los casos “contenciosos administrativos”, donde se resuelven los actos de alguna autoridad estatal o municipal, que son algunos casos como multas de tránsito, transporte, obras, así como falta de atención en algunas de las oficinas gubernamentales, son algunos de los casos que atienden prácticamente a diario en este organismo de justicia administrativa.
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“El contencioso administrativo es el 90% del trabajo que resolvemos, y eso es la justicia diaria. Ahora, muchas cosas se politizan, eso es una realidad, mientras nosotros seamos los que tengamos responsabilidades en los servidores públicos, siempre habrá un interés político, porque algunos son funcionarios de elección y otros de nombramiento que se pueden inconformar con nuestro trabajo”, compartió la magistrada Mayra Aída Arroniz.
Ejemplificó que el pasado jueves se resolvió uno de los casos administrativos más polémicos que se han analizado, fue un expediente de la Auditoría Superior del Estado, quien buscaba inhabilitar a un exfuncionario por la falta de abuso de facultades, a lo cual comentó que no había elementos y que las pruebas no eran contundentes para sancionar este hecho.
Sobre este caso, la auditoría entregó información en la que asegura que un exdirectivo firmó de confirmada con una empresa por un software que nunca funcionó, lo cual consideró como una irregularidad, al pagar un monto total de 35 millones de pesos, a pesar de no funcionar, pero el TEJA consideró que el expediente no tenía los elementos suficientes para emitir una sanción.
Agregó que sobre este caso, el Pleno consideró que no había elementos para emitir una sanción, por el supuesto abuso de autoridad, ya que la investigación no estaba integrada con los elementos suficientes, el informe de presunta responsabilidad tampoco y las pruebas no demostraban la irregularidad por la cual había acudido la auditoría.
Refirió que todos los asuntos que vienen de responsabilidades administrativas los tienen que verificar si pueden sancionar, más allá de toda duda razonable, tienen que estar muy bien probada la irregularidad, porque advirtió que se pueden violar derechos humanos al inhabilitar a una persona para que sea servidor público.
“No podemos sancionar por sancionar, porque si no, violas derechos humanos, porque inhabilitas a una persona, y la mínima para una cuestión grave son 10 años, les restriegues un derecho que tienes consagrado en la Constitución, lo mínimo es asegurar fehacientemente que el funcionario amerita una sanción, es un tema donde si hubo o no dinero, no lo sé porque no está probado, me tengo que ir no con los rumores, sino con lo que cuenta el expediente”, aseguró.
También comentó que las resoluciones, se dictan por parte de un Tribunal Colegiado, que no es una ocurrencia de un magistrado, sino que los tres magistrados analizan el caso y deciden si existe o no una responsabilidad administrativa, que en el caso que próximamente impugnará la auditoría, todos votaron a favor de no sancionar esta conducta.
“No señalan desvío de recursos, son alrededor de 18 millones aproximadamente el pago que se realizó, no está acreditado que había un segundo pago, si el informe viene mal, como me veo componiendo los informes, va venir el funcionario y me va decir que lo queremos afectar, como juzgador no podemos desequilibrar a las partes”, comentó.
La Magistrada Presidenta pidió a los organismos investigadores que revisen de manera puntual cada uno de los casos, y justificar cada una de las actividades que plantean sancionar, de lo contrario, podrían ser analizados de una forma en que no les complazca y deben acudir a diferentes recursos para que los analice una nueva instancia.
Comentó que el organismo como el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa a no fue creado como un “tribunal de combate a la corrupción”, sino que va por las sanciones administrativas que puedan cometer los funcionarios en los artículos que se encuentran marcados en la ley y que para acreditar estos dichos se deben cumplir con muchos requisitos para poder emitir una sanción como la inhabilitación.
Adelantó que en próximas semanas van a llevar a cabo un análisis del área de responsabilidades administrativas para determinar qué es lo que sucede con cada uno de los casos, cuántos no fueron bien integrados, cuántos fueron sancionados y todo lo indispensable para conocer a detalle las resoluciones que ha emitido el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
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