Con una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua es como se buscan aumentar los castigos por el delito de matrimonio forzado quedando en una pena de cinco a diez años y una multa de doscientas a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Es preciso comentar que esa pena se aumentará hasta en un tercio en los casos donde las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
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El delito de matrimonio forzado es todo aquel en el que la persona, mediante engaños, intimidación o violencia, obliga, coacciona, induce, solicita, gestiona u ofrece a otra persona a contraer matrimonio con o sin su consentimiento a cambio de algún beneficio directo o indirecto.
Contrario a lo que muchos creen, esta práctica se sigue dando a la fecha en diversas regiones del país, razón por la cual el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, propuso esta adecuación a la ley como una medida que permita erradicar este tipo de delito en la entidad.
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Los especialistas señalan que esta acción es producto del orden patriarcal en donde prima la autoridad del varón y los derechos fundamentales de la mujer son violados, suprimiendo su libertad y posibilidad de autodeterminación.
El matrimonio y las uniones tempranas despojan a las niñas y adolescentes de su infancia, siendo una práctica nociva y una forma de violencia que vulnera sus derechos y les afecta en su salud, educación, integridad e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas.
“No tenemos duda de que el matrimonio forzoso o servil es una forma de explotación en la trata de personas”. En su exposición de motivos detalló que, de acuerdo con algunas estadísticas, a nivel mundial, 15 millones de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad, mientras que a nivel Latinoamericano una de cada cuatro son las que contraen matrimonio antes de los 18 años.
La encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) en 2008 concluyó que de los aproximadamente 13 millones de mujeres indígenas, el 1.8 por ciento se había casado sin su consentimiento; el 2.3 por ciento inició su relación.