Con el objetivo de que se castigue a los servidores públicos que restrinjan, obstaculicen o nieguen los servicios públicos y que vulneren los derechos humanos de las personas, la diputada por Morena, Rosana Díaz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.
Específicamente, se pretende que esos castigos se implementen cuando se restrinjan los servicios relacionados con la salud y la educación, por lo que el no entregar medicamentos gratuitos ni libros de texto gratuitos, sería penado.
Cabe recordar que los castigos por el ejercicio ilegal del servicio público pueden ser de dos a siete años de prisión y de 50 a 500 días de multa; empero, en una de las fracciones a reformar, se pide que cuando se trate de la salud y la educación, la pena aumente hasta en una mitad.
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Durante su exposición de motivos, se observa que la diputada resalta que hay servicios públicos que, por su naturaleza fundamental y su logro a través de la lucha social, deben mejorarse, extenderse y defenderse.
“Debemos como Congreso buscar la protección de los servicios públicos y el acceso de quienes tienen derecho a los mismos, pues son servicios y prestaciones surgidas del bolsillo y la lucha de todas las personas”.
En su documento, la morenista resalta que no hay mayo traición a México que la de aquella persona que tiene un cargo público y niega los servicios a sus compatriotas y violenta los derechos.
“No podemos permitir que las y los servidores públicos vulneren los derechos fundamentales como lo son la salud y la educación de las y los chihuahuenses, por lo cual es necesario legislar en esta materia y prever sanciones penales en contra de quien incurra en estos actos”, finalizó.