Con el objetivo de proteger los derechos de las niñas y niños migrantes y de salvaguardar su vida e integridad, el diputado priista, Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.
Lo anterior, con el objetivo de establecer en su Artículo 102 que “queda prohibido devolver, expulsar, deportar, llevar a cabo el procedimiento de retorno asistido, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando el interés superior de la niñez se vea vulnerado o cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución”.
En su exposición de motivos, el legislador aclara que se intentan mostrar los motivos por las cuales es imperativo prohibir el retorno asistido, pues se busca priorizar la vida de os infantes alejándolos de toda amenaza que atente contra su vida.
Es por ello que, en este contexto de migración y desplazamiento, tenemos que evaluar cuidadosamente las circunstancias antes de decidir sobre la devolución, expulsión o cualquier forma de retorno de un menor
Agregó que esta iniciativa está fundamentada en el derecho internacional, pues en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, el cual prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estarían amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular.
Pese a que en ese documento se hablar de refugiados en general, el diputado precisa que ese contexto y el de amenaza a la seguridad son particularmente relevantes para entender por qué es crucial proteger a los menores de la devolución.
“La persecución puede tomar muchas formas, incluyendo violencia basada en género, reclutamiento forzado por grupos armados, violencia doméstica y explotación laboral o sexual”.
En varias ocasiones, de acuerdo al congresista, los infantes que huyen de tales circunstancias no tienen la capacidad de protegerse ni de buscar ayuda adecuada en sus países de origen, por lo que deportarlos podría resultar en graves violaciones de sus derechos y, en algunos casos, en la pérdida de sus vidas.