Por medio de una reforma que pretende modificar el Código Penal del Estado es que se pretende castigar a todos aquellos funcionarios públicos que ocasionen muerte o lesiones en las personas debido a su negativa a ejercer el servicio que les corresponde.
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Fue la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Georgina Zapata Lucero, la que presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado dicha propuesta dada la relevancia y los antecedentes que se tienen.
Expuso en su documento que la calidad de garante es una figura creada por la doctrina del derecho penal para determinar quién es el autor de los delitos de omisión, área en la que se debe prestar especial atención.
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Y es que subrayó que, de acuerdo con esa figura, se convierte en autora de una conducta omisiva delictuosa quien, teniendo el deber de evitar que un bien resulte lesionado, opte por no efectuar la acción adecuada en contra para proteger incluso la vida misma de dicho individuo protegiendo así al responsable.
“El bien jurídico, protegido en el delito de omisión del deber de socorro, es la solidaridad humana entendida como el deber de todas las personas de prestar ayuda a socorrer a otras personas que se hallen en situación de peligro”, externó.
Añadió que la obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular, de esa forma, el Estado debe hacer que se cumplan las obligaciones de respeto e impedir las violaciones a los derechos sin importar de dónde provengan.
Cuando es la autoridad la que omite deliberada, injustificada o negligentemente socorrer a personas que se hallen en situación de peligro, incumple el contrato social de proteger y garantizar esos derechos fundamentales, por lo que tal conducta omisiva debe ser sancionada.