Chihuahua se encuentra entre las entidades de la región norte con mayor índice de tortura sexual cometida en mujeres privadas de su libertad, ello de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. En Chihuahua se registran 71 denuncias de mujeres víctimas de tortura, sólo en el 2019 se reportaron 19, siendo el mayor número, para 2021 fueron 6.
Ocho de cada 10 mujeres sufrieron tortura sexual en alguna de las etapas de su proceso penal, señala el Diagnostico de Tortura Sexual cometida en mujeres privadas de su libertad en México, el cual hace unos días fue presentado a nivel nacional por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Los estados con mayor incidencia de este delito son Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.
El 80 por ciento de las agresiones se dan por parte de los elementos de cuerpos de seguridad que tienen contacto con las mujeres detenidas. El 48 por ciento de las agresiones son por parte de la Policía Ministerial al momento del traslado del ministerio público al centro de reclusión.
Estos resultados se obtuvieron a través de 1,280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en
66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república, como una muestra representativa de las 12 mil 625 mujeres en los centros penitenciarios; se da cuenta de la compleja condición que las mujeres enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos, se identifican las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentaban previo a su detención, se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias.
En Chihuahua se aplicaron 50 entrevistas como estado que conforma la región norte donde se cuenta con 97 casos de tortura sexual y 33 casos con indicios de tortura.
En la zona norte del país se concentran aproximadamente un total de 130 casos de tortura sexual. El estado de Baja California encabeza la lista, seguido de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Sonora.
Los años en que fueron realizadas las detenciones por los diversos agentes del estado se agruparon en periodos; por lo que respecta a la región norte, los periodos donde ocurrieron la mayor parte de los hechos de tortura sexual son 2019-2020 con 57 casos, 2013-2018 con 37 casos, 2007-2012 con 29 casos y 2000-2006 con 7 casos.
De acuerdo al histórico de Chihuahua en 2011 se reportó una víctima, en 2014 fueron tres, para 2016 se reportaron 10 víctimas de igual manera para el 2017. Para 2018 fueron nueve, pero para el 2019 se incrementó a 19 víctimas, en el 2020 fueron 6 al igual que en el 2021.
La Comisión de Atención A Víctimas informó que se atendió a nueve víctimas de tortura sexual.
En el 2018, Chihuahua recibió 13 recomendaciones por tortura, para 2015 se incrementó a 10 y para el2016 se disparó a 29. En el 2017 se registraron ante las CNDH cuatro quejas por tortura y se emitieron 27 recomendaciones. En 2018 fueron 45 recomendaciones.
Durante el 2019 se documentaron 166 quejas por tortura, ocho por tortura sexual y por ende se emitieron 15 recomendaciones. En 2020 se realizaron 17 recomendaciones por tortura y una por tortura sexual, y en 2021 otra por tortura sexual. La tasa de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura es de 26.64 por cien mil habitantes.
En el diagnóstico se incluyen testimonios desgarradores: “Al momento de la detención los policías me dejaron esposada en la parte de atrás de la patrulla con un policía, el cual pone su pie encima de mí diciéndome que me iba a ir mejor cuando llegáramos. Al llegar a una calle solitaria me obligaron a desnudarme y me quitaron mis pertenencias, me golpearon y me dijeron que hiciera las cosas fáciles. Yo llevaba a mi hijo, le pusieron un arma en la cabeza mientras él lloraba, me regresaron a la patrulla subiéndome enfrente con dos policías, los cuales me hicieron infinidad de abusos tanto sexuales como corporales, me golpearon y me obligaron a hacerles sexo oral, me amenazaron con un arma, hasta amenazaron con matar a mi hijo, cuando llegamos a una casa ahí me violaron, hicieron lo que quisieron conmigo y en el ministerio público me obligaron a firmar una hoja con una declaración que yo no hice”.
Los actos de tortura de naturaleza sexual son cometidos por personas servidoras públicas con la finalidad de degradar o dañar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, atentando en contra de su voluntad, libertad, dignidad e integridad física. Siendo el reflejo de una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
El diagnostico establece que las conductas de naturaleza sexual incluyen desnudez forzada; burlas sobre su cuerpo; amenazas de violación o violación sexual; practicar sexo oral de manera forzada; tocamientos en senos, glúteos o genitales; introducción de objetos en cavidades; toques eléctricos en senos, glúteos, vagina, oídos, espalda, etc.; quemaduras con cigarrillos; empleo de frases estereotipadas; y ser violentadas enfrente de sus familiares e hijos e hijas para coaccionarlas a realizar prácticas de connotación sexual en contra de su voluntad.
A nivel nacional el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual con la finalidad de humillarlas y castigarlas por ser mujeres. Mientras que el 23.59% vivió tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y un 20.70% no refirió haber vivido algún tipo de violencia.
Este diagnóstico se deriva de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la represión y tortura sexual a las mujeres en San Salvador Atenco, mismo que dejó ver los niveles de ensañamiento contra las protestas, pero sobre todo contra las mujeres.