Luego de que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarar inconstitucional la pena de 30 a 70 años establecida en el Código Penal del Estado de Chihuahua para extorsionadores, la presidente del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, expresó que Chihuahua tuvo momentos de inseguridad muy complicados, lo que derivó que en las penas se endurecieran.
“Hace algunos años el clima de inseguridad en Chihuahua era terrible. Uno de los delitos con mayor incidencia era el de extorsión, chihuahuenses fueron víctimas de este ilícito. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2013 se tuvo registro de 161 casos de extorsión, 171 en 2012 y 238 en 211; incidencia muy alta para los niveles que se encuentran hoy en día sobre la misma conducta: 20 en 2021, 16 en 2020 y 18 en 2019”, detalló la legisladora.
Añadió Bujanda Ríos que ante este escenario, la política se enfocó en establecer medidas para lograr reducir la incidencia de este delito, evitando la puerta giratoria y tratar de desmantelar a las bandas criminales. En este sentido, una de las acciones tomadas fue agravar las penas del delito de extorsión.
“Dejemos claro que las leyes deben de obedecer al contexto social, por ello se tomaron dichas medidas”, indicó.
La Corte ya se pronunció, desde el Legislativo nuestra tarea será analizar la situación actual y en su momento legislar para combatir dicha conducta, buscando siempre lo mejor para la ciudadanía pero con estricto respeto a los derecho humanos. Así mismo consultaremos en su momento a los operadores del sistema, pues son ellos quienes trabajan día con día con la legislación penal, concluyó.
