A partir del mes de mayo, los juicios laborales que actualmente atiende la Secretaría del Trabajo pasarán a manos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo cual han lanzado la convocatoria para elegir a cinco nuevos jueces que estarán a cargo de estos juicios y conciliación de los mismos.
Así lo dio a conocer el presidente del Tribunal, Pablo Héctor González Villalobos, quien detalló que al último corte para su implementación en el estado será de 600 millones de pesos, en el que se tendrá que contratar a más personal, así como adecuar instalaciones para atender los juicios que surjan a partir del mes de mayo.
Recalcó que por el momento han recibido información que el TSJ sólo atenderá los casos que surjan a partir del mes de mayo, por lo cual las Juntas de Conciliación y Arbitraje irán cerrando conforme vayan terminando con la carga laboral.
Los tribunales laborales actualmente son materialmente tribunales, porque resuelven asuntos, se nombran laudos, las reuniones son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, “la idea es que haya instituciones dedicadas a la conciliación que se llamarán centros de conciliación, no van a tener función jurisdiccional; si no pueden conciliar pasarán a un juez, actualmente tienen las dos funciones: concilian y arbitran”, comentó.
El magistrado presidente refirió que existía una propuesta inicial, que los centros de conciliación estuvieran en el Tribunal Superior, pero jurídicamente no es posible, por lo cual quedarían en la Secretaría del Trabajo y el tribunal sólo de lo jurisdiccional.
“Se requiere que el 80% de los asuntos se concilie en los centros de conciliación, y que el 20% llegue a los jueces, porque habrá audiencias y entonces el juez estará dedicado a un asunto hasta que se resuelva, actualmente las juntas tienen cinco audiencias simultáneas, entonces eso ya no será posible, y la capacidad de atención será menor”.
Recordó que el sistema es algo similar que la materia penal, ya que lo que llega a un juicio oral es muy poco, un 10%, mientras que el 90% restante se va por las vías alternas, como la suspensión del proceso a prueba, acuerdo reparatorio, abreviado o el criterio de oportunidad, por lo cual se pretende llevar a cabo la misma lógica.
“Es una justicia en forma, porque es una justicia que solamente es material, sino formal, porque ya está en el Poder Judicial, es consecuencia de un compromiso internacional que asume México con los Estados Unidos y Canadá, porque se ha pensado que cuando la justicia está depositada en el Poder Judicial, hay más garantías de justicia por sus propias garantías judiciales”, señaló.
Pablo Héctor González Villalobos dijo que ya se presentó la primera convocatoria de capacitación, en donde se pretende “sacar” la primera bolsa, pero adelantó que para dar una cobertura estatal se requieren al menos 600 millones de pesos, pero que en 2022 se pretende iniciar con “carga cero”, lo que permite prever e iniciar con cinco jueces y en función de los flujos se pueda ampliar.
“No cabemos cuando estamos al 100% en el Tribunal, pero al año que entra y como serán cinco, de entrada los alojaremos aquí, pero de cara al futuro buscaremos instalaciones, hemos explorado alternativas, para este rubro si hay apoyo federal para poder concretar la adquisición de alguna instalación”.
Refiere que una de las opciones que se plantearon es instalar una nave industrial, porque pueden tener un espacio amplio, pura división de tablarroca, existe conectividad, transporte público, estacionamiento y para la maquila, sería beneficioso llevarle los tribunales para recibir cada uno de los casos.
“Entiendo que una nave industrial es costosa, pero creo que podemos saltar el año siguiente, sin tener resuelto el tema de las instalaciones, debemos iniciar en mayo, salvo a que haya una prórroga, que depende de la federación, tenemos que estar preparados para la última fecha que han fijado”, comentó González Villalobos.
