La diputada por Morena, María Antonieta Pérez, presentó en días pasados ante el Congreso del Estado, en representación de nueve familias una demanda por Reclamación por Responsabilidad Patrimonial; esto, en busca de que se las viudas de los custodios fallecidos en el motín presentado el 1 de enero de 2023 en el Cereso #3 reciban la correspondiente indemnización.
Esta denuncia va dirigida en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía Especializada y la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, así como de la Dirección de los Ceresos del Estado.
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Esta acción se debe a que, tras más de nueve meses de la tragedia en la que más de treinta internos se fugaron del Cereso localizado en Ciudad Juárez, la indemnización aún no les es entregada, motivo por el cual Pérez Reyes se ha mantenido cercana buscando la manera de obtener justifica para las familias de los custodios.
Señaló que el nivel de desinterés por parte de la fiscalía General del Estado “fue patente” desde septiembre de 2021 cuando se efectuó el cambio de administración, dado que durante 16 meses el Estado no fue capaz de hacer un diagnostico para conocer el estado que guardaba el Cereso número 3.
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“La corrupción de los responsables y obligados a preservar la correcta operación del CERESO 3 detonó cobrando vida de seres humanos inocentes como los 10 custodios, que en su lugar y horario de trabajo carecían de medidas de seguridad mínimas como lo marcan las leyes y reglamentos competentes”, expuso la congresista.
Agregó que en las recomendaciones que emitió el pasado 31 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a los hechos ocurridos el 1 de enero de este año, se establece que el Gobierno del Estado debe proceder a la inmediata reparación integral del daño, lo cual incluye la indemnización.
“Más allá de los derechos de indemnización a que tienen acceso los deudos, deseo con esta Demanda o Reclamación sentar precedente en donde el Gobierno Estatal sin importar de qué partido emanen, sepan que sus empleados o funcionarios no son simples códigos en sus bases de datos, debe entender el Gobierno de Chihuahua que son seres humanos”, precisó Pérez.
En ese sentido, dejó en claro que la integridad de cada uno de esos empleados está bajo la responsabilidad del titular del Ejecutivo Estatal, razón por la cual se les debe procurar todas las medidas de seguridad necesarias.
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