Congreso de la Unión reconoce la participación ciudadana durante la marcha contra Plan B

El Congreso de la 67 legislatura planea reconocer a la ciudadanía, en especial a Chihuahua, por la participación demostrada en esta concentración

Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

  · miércoles 1 de marzo de 2023

Foto: Cortesía diputada Isela Martínez Díaz

Después de la marcha del 26 de febrero, en contra del llamado Plan B el Congreso de la 67 legislatura planea reconocer a la ciudadanía, en especial a Chihuahua por la participación demostrada con esta concentración, esto gracias a una proposición presentada por la Diputada Isela Martínez Díaz.

Al momento de presentar su iniciativa la legisladora mencionó que “el pasado domingo 26 de febrero, los mexicanos vivimos algo histórico, más de 1.5 millones de mexicanos, en 121 ciudades de la República Mexicana y 2 en el extranjero (EUA y Europa)”.

“Nuevamente alzamos la voz en favor de la democracia, la libertad y nuestras Instituciones Electorales” mencionó que la ciudadanía reflejó su voz de manera pacífica, familiar y de unidad.

Reconoció la asistencia de los ciudadanos, mismos que estuvieron defendiendo la democracia los cuales han sido llamados “delincuentes de cuello blanco” y “mapaches electorales”.

Por lo que solicitó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan en cuenta esta concentración y movimientos en contra de las reformas y analicen el llamado Plan B.

Detalló que “el Plan B constituye un conjunto de reformas que fueron aprobadas a la legislación secundaria en materia electoral, (en violación al proceso legislativo) dentro de las cuales se intenta, adelgazar la estructura del INE”.

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Esto, comentó, que generan retrocesos en materia de igualdad, se elimina el PREP, pues se modifican aspectos del proceso electoral, tiempos electorales, haciendo más fuerte la centralización de las elecciones e inclusive la reforma a la Ley General de Comunicación Social.

Por lo que hay que escuchar las opiniones públicas manifestadas, con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise e invalide los cambios que plantea el Plan B.