Luego de que el Congreso del Estado publicó la convocatoria para la elección de la persona titular a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se precisó que la fecha límite para que los interesados en participar entreguen su documentación es el próximo 7 de marzo.
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El diputado panista Alfredo Chávez señaló la importancia que se tiene de lograr un consenso para encontrar un perfil técnico y jurídico que pueda garantizar y velar por los derechos humanos de los chihuahuenses, motivo por el cual tienen plena confianza en el proceso que se está llevando a cabo, del cual espera que la designación del nuevo titular de esta institución se logre por unanimidad.
Y es que los diputados han destacado que esta convocatoria se logró por medio de un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en donde acordaron que se tomarán en cuenta a las personas que cuenten con una experiencia en favor de los derechos humanos.
Además de la experiencia, habrán de analizar la visión en derechos humanos, la capacidad de diálogo y de poner los derechos humanos por encima de los temas partidistas, entre otras cuestiones que se analizarán durante la etapa de entrevistas a los aspirantes que se efectuará el 14 y 15 de marzo, de acuerdo con el número de aspirantes.
Será la propia JUCOPO quien apruebe el diseño para el desarrollo y evaluación de las entrevistas, el cual será publicado en el portal del Congreso del Estado a más tardar el 12 de marzo. Posterior a ellas, la JUCOPO analizará los perfiles mejor evaluados y conformará una terna que presentarán ante el Pleno para su votación.
Dicha elección no debe exceder al 10 de abril, dado que la nueva persona titular deberá asumir su cargo a partir del 15 de abril del presente año para durar en el mismo por un periodo de cinco años. De esa manera, se suplirá al actual presidente de este organismo, Néstor Armendáriz.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes, es ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no haber ocupado puestos de partidos políticos u organismos políticos en los últimos cinco años, gozar de buena reputación, acreditar cinco años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los derechos humanos, contar con licenciatura, y no ser una deudora alimentaria morosa.