Luego de la polémica que se ha generado en torno a la convocatoria sobre la elección de siete vacantes para magistrados de diferentes salas en el Poder Judicial del Estado, Sabela Patricia Asiain Hernández, Juez Décimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, aseguró que el proceso no es “congruente” ni “ético”, por no contar con concurso de oposición y por tener una clara ausencia de criterios de selección objetivos, además de que no hay igualdad de oportunidades para acceder al cargo y se discrimina abiertamente a la mujer, y más a la mujer con carrera judicial.
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de las inconformidades que se han registrado al interior del Poder Judicial del Estado, en donde incluso la Juez Penal Alejandra Ramos, interpuso un amparo en contra del proceso de elección, al que en días pasados le concedieron la suspensión provisional en lo que se analiza por parte del Poder Judicial de la Federación.
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“En el caso de mis compañeras juezas en materia penal, el camino les fue vedado porque no fueron convocadas, lo que no acontece en materia familiar, en que si se brinda la oportunidad de participar a mujeres integrantes del Poder Judicial. No es congruente, ni ético participar en un proceso convocado para elegir a quienes integrarán las ternas que se someterán a votación en el Congreso del Estado para elegir a los y las titulares de las Magistraturas, sin concurso de oposición y con una clara ausencia de criterios de selección objetivos y dados a conocer con antelación, no hay igualdad de oportunidades para acceder al cargo y además se discrimina abiertamente a la mujer, y a la mujer con carrera judicial”, señaló la Juez Sabela Patricia Asiain.
La Juez Familiar emitió una postura personal sobre lo que sucede al interior del proceso de elección, el cual fue difundido a través de sus redes personales, donde informa incluso que interpuesto un amparo ante un Juez de Distrito en la ciudad de Chihuahua por el proceso de elección del mismo.
Advierte que el marco jurídico vigente diseñado para acceder a una Magistratura en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, no contempla concursos de oposición, y en consecuencia, es contrario a los derechos humanos protegidos tanto por la Constitución, como por la Convención Internacional Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, y por el propio Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
“En esas condiciones, considero que se atenta en contra de la legitimidad de la investidura de las personas que resulten vencedoras; en integridad designación congruencia, dignidad e incluso solidaridad con mis compañeros y compañeras juezas no me inscribí para contender por la titularidad de una Magistratura”, agregó.
La Juez dijo que la convocatoria no cumple con el requisito necesario para que ella participe y que en su caso, los cargos de secretaria Proyectista y de Jueza Familiar Audiencias, los obtuvo en su momento mediante concursos de méritos, en ambos obtuvo el primer lugar.
Compartió que la Convención Internacional Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, también conocida como Convención de Mérida, es un instrumento internacional adoptado en nuestro propio país, que establece el compromiso de fortalecer el servicio civil de carrera y desde luego, la carrera judicial, como mecanismo de combate a la corrupción, "como ciudadana, funcionaria, profesora y madre, sé que es mi obligación ser parte en la lucha contra la corrupción", expresó.
El señalado tratado continua explicando que establece el compromiso internacional de adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención y promoción de servidores públicos, basados en procedimientos adecuados de selección de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, basados en criterios objetivos como el mérito, a la equidad y la aptitud, apegados a principios de transparencia; también señala que para fortalecer la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, adoptará medidas para reforzar la integridad, incluyendo códigos de conducta de los miembros del Poder Judicial.
“En nuestro caso, el Código de Ética del Poder Judicial señala como uno de los principios rectores que rigen al servicio público que brindamos, el de competencias por mérito, que impone la obligación a quienes sean los encargados de la selección de personal, garantizar la igualdad de oportunidades, para atraer a las y los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, debiendo seleccionar _ elegir para los nombramientos de acuerdo a habilidad profesional, capacitación y experiencia” , indicó.
La Juez familiar aseguró que cree firmemente en la Independencia Judicial y que una de las maneras en que los y las juezas puedan garantizarle a la ciudadanía que están resolviendo de manera independiente e imparcial, es obteniendo los cargos con base en la evaluación tanto de su carrera judicial, como de los conocimientos, y que estas evaluaciones sean verificables por la sociedad a la que sirven.
“Considero necesario que nuestro actuar y saber se someta a un arduo escrutinio; de las personas juzgadoras se espera integridad, honestidad y conocimiento. No es ético que yo pretenda un cargo para el que no puedo concursar. Confió en nuestras instituciones, creo firmemente en la Justicia de la Unión, porque gracias a quienes la imparten, se me permite continuar haciendo mi trabajo”.
