Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon la controversia constitucional que promovió María Eugenia Campos Galván contra los Libros de Texto Gratuitos, con ello ya no hay impedimento para que la Secretaría de Educación y Deporte inicie el reparto de los libros que desde el pasado mes de mayo se encuentran en las bodegas regionales.
Por unanimidad los ministros de la SCJN consideraron fundado el recurso de reclamación que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, tras impugnar la decisión del ministro Luis María Aguilar Morales, quien admitió la controversia constitucional del gobierno de Chihuahua y otorgó la suspensión provisional, medida cautelar que dejó sin efecto el reparto de los libros de texto gratuito.
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El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso declarar fundado el recurso de reclamación, lo cual fue apoyado por los ministros Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Cabe señalar que no se dio debate en torno al tema, por lo que con la decisión, las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua en breve contarán con sus libros de texto gratuito desarrollados por la Secretaría de Educación Pública.
Cabe señalar que el 10 de agosto, el ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la controversia constitucional que quedó registrada en el expediente 400/2023, además se otorgó la suspensión provisional y se impidió la distribución de los LTG.
La decisión de la gobernadora generó el descontento de la base del magisterio quienes conformaron una Red por la Defensa de los Libros de Texto Gratuito y la Nueva Escuela Mexicana a fin de articularse en todo el estado y organizar acciones de protesta. Se realizaron marchas y caravanas multitudinarias para exigir al gobierno de Chihuahua que se desistiera de la controversia constitucional y liberara los LTG, porque solo estaba afectando el desarrollo del trabajo docente y el aprovechamiento escolar.
Además se opusieron a la aplicación de planes y programas educativos abrogados, los cuales ponían en riesgo el ciclo escolar 2023-2024.
La decisión unánime de la Primera Sala abre una opción para que en breve el estado de Coahuila también logre que el derecho de las NNA se respete y cuenten con el material educativo que articula los planes y programas educativos 2022.
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