Jesús Humberto Meza, representante de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, dio a conocer que el Decreto Federal de regularización de vehículos extranjeros, no coincide con lo que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues deja fuera a cerca del 60 por ciento de los autos extranjeros que circulan por el país sin una debida importación.
El líder social agregó que el Gobierno Federal, debe hacer las debidas correcciones al documento para que realmente se beneficie a los propietarios de esas unidades.
Explicó que el actual decreto publicado, más que una regularización vehicular, corresponder a una importación de vehículos, lo que implica que la cuota que deba pagar cada propietario de un vehículo extranjero, sea muy superior a los 2 mil 500 pesos que aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“La importación de vehículos se da cuando se obtiene un pedimento mediante la intervención de las agencias aduanales, mientras que la regularización es algo que viene a atender lo que se encuentra de manera irregular en el país, como se hizo en el 2001, en donde no tuvieron nada que ver las agencias aduanales”, explicó Humberto Meza.
Destacó que cuando se da una regularización vehicular, se ven beneficiados todos los modelos y los tipos de vehículos sin importar de dónde sean procedentes, y en este caso de la importación, son muchos los que se quedan fuera de este programa, como lo es los autos japoneses, brasileños, europeos, y cualquier otro que no sea de Estados Unidos y Canadá.
Estos últimos corresponden sólo a un 40 por ciento de los vehículos de procedencia extranjera que circulan, y son solamente esos los que podrían ser candidatos a regularizarse o importarse de manera oficial.
El representante de Onappafa, reiteró que el costo de 2 mil 500 pesos, será sólo una parte de la regularización, pues a eso se le tiene que sumar el honorario de la agencia aduanal, el precio anexo del 16 por ciento de IVA sobre el valor del vehículo, el impuesto general, entre otros cargos, que van a incrementar de manera significativa el costo de un proceso de regularización.