Luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que ha iniciado el proceso penal en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez y del director general de Regulación y Archivo Migratorio, Antonio Andrés Vidal Islas, el Código Penal Federal establece una sanción de 2 a 7 años para las personas que hayan cometido este delito que les buscarán fincar.
Sin embargo, pese a que se contempla una pena privativa de la libertad, existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales un artículo en el que se clasifica como una “condena condicional” en la que el acusado puede llevar el proceso en libertad, siempre y cuando la pena sea menor de tres años, que es uno de los supuestos en el que estaría el titular del INM y su subalterno.
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En el comunicado oficial se contemplan en un proceso penal también al delegado del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, y tres subalternos identificados como Juan Molina, Cecilia Sapién y Eduardo Apodaca, a quienes al parecer buscarán vincularlos con las conductas que generaron los homicidios y lesiones.
“Asimismo se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador ‘N’, Juan ‘N’, Cecilia ‘N’ y Eduardo ‘N’, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”, refiere el comunicado oficial.
Esto ya que la misma corporación dio a conocer que había iniciado un proceso penal en contra de los directivos del INM, quienes habrían incurrido en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, en referencia de la tragedia registrada el 27 de marzo en Juárez, donde murieron 40 indocumentados.
Por ese motivo, la FGR informó que se les fincará responsabilidades a los cinco titulares del Instituto Nacional de Migración por el delito contemplado en el artículo 214 del Código Penal Federal, en su fracción VI, en el que se establece la conducta que les buscarán sancionar a los servidores públicos.
El Artículo 214 fracción VI refiere que se comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Asimismo, como parte de las sanciones que contempla este delito en el Código Penal Federal, refiere que esta fracción VI contempla una imposición de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa, que es el supuesto en el que se encuentra el titular de Migración en el país y cuatro subalternos.
La Fiscalía General de la República dijo que se omitió el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión, además de que se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia, por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, mencionó la Fiscalía General de la República en un comunicado oficial.
Por otra parte, la misma FGR pesentó ante un juez federal, a inicios de abril, a cinco personas que laboraban en las oficinas del INM en Juárez, a quienes les fincaron responsabilidad por los delitos de homicidio y lesiones, siendo cuatro de ellos por la comisión de una omisión en los hechos, y una persona por haber iniciado el fuego al interior de las instalaciones.
Aunque en la audiencia de vinculación a proceso de los cinco detenidos se argumentó que algunos de ellos no se encontraban en el lugar de los hechos, la Fiscalía General de la República consideró que había elementos suficientes para relacionarlos con el delito de homicidio y lesiones en perjuicio de 65 indocumentados.