Con la reciente renuncia de Pablo Héctor González Villalobos como presidente del Poder Judicial del Estado, se terminó la era de quienes eran reconocidos como los “luchistas”, grupo político al interior del Poder Ejecutivo del Estado que obedecía intereses de la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela “Lucha” Castro, que desde 2017 permaneció en las posiciones más relevantes del Órgano Judicial y a su vez estaba respaldado por el recién llegado al Poder Ejecutivo del Estado, a cargo de Javier Corral.
A través de testimonios, entrevistas, archivos periodísticos y denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se logró obtener la información de los presuntos actos de corrupción que acontecieron al interior de este órgano judicial, que tendría que velar por la impartición de justicia.
Desde la entrega de procesos penales a jueces de “consigna”, hasta la manipulación de los concursos para “regalar” plazas a 56 jueces y 7 magistrados, el ocultamiento de quejas o investigaciones de responsabilidades administrativas; uso indebido del presupuesto a favor de sus allegados y nepotismo, fueron parte de algunas de las supuestas irregularidades que se dieron al interior del PJE y que aparentemente tuvieron el visto bueno desde Palacio de Gobierno.
Parte del contexto que derivó de un “cochinero hasta el tope”, fue desde la conformación del Consejo de la Judicatura del Estado, el 31 de mayo de 2017, el cual era presidido por el entonces magistrado presidente Julio César Jiménez Castro y como consejeros de la Judicatura por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, fueron nombrados: Pablo Héctor González Villalobos y Roberto Siqueiros Granados. El Congreso del Estado votó a favor del abogado Joaquín Sotelo Mesta y finalmente del Poder Ejecutivo se encontraba Luz Estela Castro.
“Lucha” fue una activista cercana al gobierno de Javier Corral, quien se describe como feminista, defensora de los derechos humanos y colaboraba con algunas personalidades de la agrupación El Barzón, así como con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con personalidades como Gabino Gómez y Alma Gómez Caballero, entre otras asociaciones más.
En marzo de 2018, el Consejo de la Judicatura lanzó la convocatoria para elegir jueces y magistrados, toda vez que muchas plazas de dichos impartidores de la justicia se encontraban como interinos, por lo cual se lanzó la convocatoria y el concurso que estuvieron en manos de Castro, al ser la encargada de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Lucha Castro y los magistrados Pablo Héctor González, Roberto Siqueiros y Gabriel Ruiz hicieron una mancuerna al interior del órgano judicial, pues González fue nombrado presidente del TSJ con la venia del Ejecutivo, al salir el magistrado Jiménez Castro.
En la convocatoria de los concursos y el proceso de la elección de jueces de 2018, se destacó que la primera etapa, consistente en un examen por computadora, fue elaborado por la Universidad Iberoamericana, quien envió el mismo a través de unas memorias que se encontraban custodiadas y notariadas.
En el caso de la correspondiente al concurso de magistrados, Lucha Castro alertó a los miembros del CJE que los archivos del examen no podían ser leídos en los sistemas computacionales de la UACh, pero que sería la UACJ quien prestaría los equipos para llevar a cabo el mismo, en las instalaciones y pantallas de la UACh. La pregunta era entonces: "¿Cómo sabía Lucha que no se podían leer los archivos si según la cadena de custodia los dispositivos enviados por la Universidad Iberoamericana aún no se habían abierto?", se cuestionaron desde el interior.
Personal del TSJ y de la misma Judicatura Estatal supone que previo a la presentación de los exámenes, Luz Estela Castro presuntamente entregó las preguntas a algunas personas allegadas para que ellas pudieran acceder y poder ganar su puesto como juez o magistrado, según sea el caso.
A este grupo, que dirigía Norma Angélica Godínez (ahora magistrada), lo denominaron “Los Elegidos”, en referencia a los siete magistrados que iban recomendados por el gobierno del estado para que ganaran los concursos entre los casi cien participantes.
Tras conocer de los hechos, el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, en marzo de 2019 interpuso la denuncia ante la recién creada Fiscalía Anticorrupción, quien luego de “investigar” las irregularidades y recabar la evidencia, inexplicablemente le dio “carpetazo”.
Actualmente Joaquín Sotelo se encuentra suspendido de su cargo como consejero, toda vez que en febrero de 2020 más de 50 jueces interpusieron una queja en su contra y en marzo de 2021 lo suspendieron por haber hecho declaraciones relacionadas con la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción, ante medios de comunicación.
En la carpeta de investigación por las irregularidades de la elección de jueces y magistrados, se encuentran incluidos, por parte del Consejo de la Judicatura: Pablo Héctor González Villalobos, Roberto Siqueiros Granados, Gabriel Ruiz, Luz Estela Castro y Alma Denisse Muñoz. También los magistrados Leo Alvarado y Humberto Rodelo, quienes participaron en el Comité de Selección de Jueces; Óscar Jasso, así como otras personas de menor nivel jerárquico al interior del PJE.
A raíz del “carpetazo” a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que resolvió que no había delitos pero sí irregularidades administrativas, el Consejo de la Judicatura ordenó desde septiembre de 2019 investigar dichas irregularidades, pero a más de dos años de esto no se sabe si las investigaciones realmente se iniciaron por parte de la Unidad de Investigación de Responsabilidad Administrativa, a cargo de Alejandro Zermeño.
En noviembre de 2019, Javier Corral nombró a Minerva Correa Hinojosa en lugar de Lucha Castro, quien al llegar decidió despedir a cuatro personas que se encontraban ligadas a Lucha, entre ellas a Alma Denisse Muñoz, quien aparentemente en enero de 2021 fue recontratada como secretaria técnica en el CJE por el magistrado Gabriel Ruiz (otro integrante del Consejo y amigo incondicional de la activista).
Las áreas donde se encontraban los grupos de Luz Estela Castro y cercanos al exmagistrado presidente González Villalobos, que tiene señalamientos por presuntamente haber alterado, entregado y regalado plazas a jueces y magistrados, son: Informática, Instituto de Formación y Actualización Judicial, la Secretaría General y otras más que pudieran conllevar a diferentes responsabilidades por haberse cometido una serie de irregularidades al interior del PJE, lo cual hasta la fecha no se sabe si se está investigando en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Grupos al interior del Poder Judicial del Estado
Al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado se han creado diferentes grupos con afinidad a distintas personalidades políticas, que por una u otra cuestión lograron llegar a diversos cargos.
Entre quienes encabezan la mayoría o los que tienen mayor antigüedad y donde posiblemente se vaya a elegir el próximo presidente del Poder Judicial del Estado, se encuentra el grupo de los “duartistas” o los “oxigenadores”, que llegaron en una convocatoria elaborada en 2014 en lo que se llamó un proceso de oxigenación para este órgano.
Este grupo constaba de 13 magistrados, como: Gabriel Sepúlveda Ramírez, Jorge Ramírez Alvídrez, Delia Holguín López, Rafael Julián Quintana Ruiz, Héctor Javier Talamantes Abe, José Alfredo Fierro Beltrán, Miriam Victoria Hernández Acosta, Gabriel Armando Ruiz Gámez, Adela Alicia Jiménez Carrasco, César Fernando Ramírez Franco y Eduardo Filiberto Terrazas Padilla.
Los que se han mantenido en un plano de neutralidad han sido algunos como los magistrados: Rogelio Guzmán Holguín, Marco Emiliano Anchondo Paredes, Juan Carlos Carrasco Borunda y Luis Villegas Montes, siendo el último de ellos uno de los mayores críticos del gobierno de la administración de Javier Corral Jurado.
Por otra parte, entre aquellos que fueron relacionados con el grupo de Luz Estela Castro, de González Villalobos, o el “corralismo”, son siete magistrados que ingresaron al Poder Judicial en esa administración, algunos señalados por las irregularidades del proceso que inició la entonces consejera, así como otros tantos afines a dichas causas corralistas.
Entre ellos se encuentran: Alejandro Legarda Carreón, Segunda Sala Penal; Norma Angélica Godínez Chávez, Sala Penal Regional de Hidalgo del Parral; Pedro Valdez Aguirre, Sexta Sala Civil; Olga Cano Moya, Primera Sala Familiar Regional de Ciudad Juárez; Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, Tercera Sala Civil Regional de Ciudad Juárez; Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, Quinta Sala Penal Regional en Juárez, y Angélica Lorena Jurado Luna, Quinta Sala Civil.
Los otros también afines serían: Marco Tulio Cano Corral, Primera Sala Penal Regional de Cd. Juárez; Roberto Siqueiros Granados, Tercera Sala Penal Regional de Cd. Juárez; José Humberto Rodelo García, Cuarta Sala Civil y Edgar Aurelio Quintana Camacho, Sala Civil Regional de Hidalgo del Parral.
Consejo de la Judicatura del Estado
A partir de la creación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción que se diseñó en México, los Órganos Judiciales implementaron el Consejo de la Judicatura, el cual llegó al estado en 2017 con el objetivo de revisar, sancionar y evitar actos de corrupción en el estado a través del Pleno del mismo.
El Consejo de la Judicatura es reconocido por ser un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia presupuestal, gestión y para emitir sus resoluciones; tiene a su cargo cuatro comisiones permanentes, como administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.
Este órgano está conformado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura, de igual forma hay dos consejerías para dos magistrados del órgano judicial, un espacio para quien designe el Congreso del Estado y un espacio para el gobierno de estado.
Los consejeros tendrán que cumplir un periodo de cinco años en el cargo y el 31 de mayo de 2022 se llevará a cabo el cambio del Consejo de la Judicatura, que vendrá a relevar a quienes fueron electos desde hace cinco años, aunque al momento dos renunciaron a su cargo y uno se encuentra suspendido del mismo por haber denunciado irregularidades.
Con información de Saúl García Meza
