La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó sobre la sentencia de nueve años de prisión impuesta a Jesús S. P., tras comprobar su responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.
Además de la pena privativa de libertad, Jesús S. P. deberá pagar 63 millones 864 mil 480 pesos por concepto de reparación del daño, monto que corresponde a las pérdidas sufridas por las víctimas.
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El juicio oral, identificado con el número 03/2023, fue llevado a cabo por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario.
Durante el proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana encontró suficientes pruebas para acreditar la culpabilidad de Jesús S. P., en relación con los actos delictivos cometidos entre 2016 y 2019, periodo en el que fungió como administrador de varios ranchos ganaderos en la región.
Durante su gestión, Jesús S. P. fue responsable de administrar ranchos en los municipios de Buenaventura, Villa Ahumada, Namiquipa y Casas Grandes, todos en el estado de Chihuahua. La investigación reveló que bajo su administración se registró un faltante de 4 mil 560 cabezas de ganado bovino, lo que causó un grave perjuicio económico a los propietarios afectados.
La investigación de la Fiscalía demostró que el ahora sentenciado cometió el delito de administración fraudulenta en beneficio propio, despojando a los propietarios de un valor equivalente a 63 millones 864 mil 480 pesos.
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A raíz de este desfalco, el Ministerio Público emprendió acciones para asegurar su captura. En enero de 2022, se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, cumplida por agentes de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas contundentes que demostraron la participación directa de Jesús S. P. en la desaparición del ganado y su implicación en el delito de administración fraudulenta. El cúmulo probatorio incluyó testimonios de peritos y pruebas documentales que sustentaron el daño patrimonial que sus acciones ocasionaron a las víctimas.
El fallo final dictado por el tribunal impuso una pena de nueve años de prisión y una compensación económica significativa que deberá ser entregada a los propietarios afectados. Esta sentencia es representativa del compromiso de las autoridades para proteger el sector agropecuario y asegurar la integridad patrimonial de los productores ganaderos de Chihuahua, un sector vital para la economía regional.
En su declaración, la Fiscalía señaló que este tipo de casos subrayan la importancia de mantener un sistema de justicia eficiente y transparente que actúe en defensa del sector agropecuario y refuerce la confianza en las autoridades. La institución reafirmó su compromiso para continuar trabajando en la persecución de aquellos que, mediante prácticas fraudulentas, intenten afectar el patrimonio de los ciudadanos.