La presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Margarita Blackaller Prieto, compartió que las acciones primordiales que no se pueden dejar de lado en todo tema que afecta a la población son la prevención y la información.
Refirió que están totalmente ligadas y explicó que, en este caso, la información que se debe proporcionar constantemente a la ciudadanía es el modus operandi de las bandas y personas delictivas.
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De esa manera, podrán estar más alerta y se evitarán en gran medida que las personas caigan en las extorsiones, las cuales cabe señalar, los delincuentes las adecuan a las nuevas tecnologías, pues cada vez se presentan nuevas maneras en las que operan a través de los medios cibernéticos.
Agregó que, el tener tipificado el delito como tal, se tiene la oportunidad de que quienes dañan a la sociedad sean condenados por sus acciones, así como la posibilidad de trabajar en un sistema de penas nacional en el que se encuentren homologados los diferentes tipos de penas.
Reconoció que se tiene todavía un trabajo profundo, el cual han estado tratando de sacar adelante a través de la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado; destacó que se debe continuar con el estudio de las leyes para conocer las necesidades que persisten.
Pese a que las penas para las personas que comentan extorsión se disminuyeron, Blackaller Prieto aseveró que sigue siendo en beneficio de los ciudadanos y recalcó que continuarán buscando la manera de aumentar las penas a nivel nacional a fin de que quede homologado.
Cabe recordar que esta semana, el Congreso del Estado aprobó disminuir el castigo para el delito de extorsión, esto, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que rechazó que Chihuahua tenga penas extremas.
De esa manera, la pena mínima para los que ejerzan este delito pasó de ser de 30 a 5 años, mientras que la pena máxima dejó de ser de 70 años para ser de 30 años; sin embargo, es preciso destacar que se incluyen penas mayores cuando las víctimas sean mayores de 60 años, mujeres embarazadas, indígenas, entre otros que se consideran como vulnerables.
