El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, explicó que, si bien es cierto que le corresponde al poder legislativo emitir una convocatoria para definir al nuevo titular del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se debe resolver primeramente el proceso jurídico que se tiene respecto a la actual magistrada presidenta, Mayra Aida Arróniz Ávila.
Te puede interesar: Notifican suspensión a presidenta del TEJA por presuntas irregularidades
Al haber sido suspendida de su cargo debido a unas denuncias en su contra al haberse autorizado préstamos personales del recurso de la instancia, así como por supuesto acoso laboral, surgió la duda respecto a lo que sucederá con dicha dependencia.
Este jueves, la vicepresidenta del Congreso del Estado, Ivón Salazar Morales, adelantó que este poder deberá abrir una convocatoria para poder elegir al nuevo titular del TEJA, pero debe ser puesto primero a disposición y análisis de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
Por su parte, Chávez Madrid, además de confirmar lo anterior, especificó que primeramente se debe desahogar en su totalidad el proceso jurisdiccional para entonces sí iniciar a trabajar en la convocatoria y poder nombrar al nuevo titular.
“Nosotros vamos a esperar hay un proceso jurisdiccional que se debe concluir, el TEJA tiene autonomía, por lo que se debe esperar a que concluya el procedimiento legal para poder entonces definir si se requiere la emisión de una convocatoria”, comentó.
A pesar de ello, aseveró que están atentos a la resolución que se dé, pues recordó que la involucrada tiene derecho a su defensa, por lo que se tiene aún un largo camino por recorrer antes de que se defina si se emite una convocatoria para el cambio de titular.
Pese a ello, comentó que espera que el tema vaya avanzando, pues destacó la importancia que tiene el TEJA para la entidad, pues es la instancia encargada de resolver los conflictos que tiene la ciudadanía contra las administraciones.
