El abogado Héctor Villasana refirió que el Consejo de la Judicatura debe inmediatamente separar de sus funciones y poner a disposición al juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, tras haber aceptado resolver varios asuntos bajo presión y afectar derechos de terceras personas por acatar la intromisión del Poder Ejecutivo.
“De entrada lo principal es separarlo del cargo y se investiguen todo los asuntos en los que participó, porque incurrió en varios delitos, que establece el Código Penal, en contra de la administración de justicia, porque emitió determinaciones alterando constancias por presiones y no a la objetividad que merece el cargo del juez; hay responsabilidad penal y que él mismo reconoce”, explicó el abogado.
Dijo que este esquema de jueces a “modo” fue denunciado en por lo menos 27 ocasiones al Pleno del Consejo de la Judicatura, pero que a la fecha no habían hecho nada, a pesar de que el mismo juez ya reveló que actuó de esta forma ilegal al resolver bajo presiones en un conjunto con otros juzgadores.
“Muy seguramente alcanzará al expresidente Pablo Héctor, porque por la presión difícilmente le habló el secretario general de Gobierno, al juez o el consejero jurídico, eso es inverosímil, le hablaron al presidente, para que bajara la instrucción, la recibió el presidente, la responsabilidad alcanza al magistrado y a la secretaría general”, señaló.
Reiteró que es ilógico que alguien del Ejecutivo le hable al juez, por lo que aseguró que le hablaron a su “jefe”, y bajaron la instrucción, “sabemos cómo se operó, el presidente bajaba la instrucción a través del secretario, el licenciado Jasso, bajaba la instrucción, lo veníamos diciendo desde hace cuatro años, debe llegar a las últimas consecuencias, que tope hasta el presidente Pablo Héctor”.
El abogado Héctor Villasana dijo que las declaraciones del juez son un antecedente y una circunstancia muy delicada, lo que confianza en su declaración, donde haya emitido determinaciones, a través de presión del Poder Ejecutivo, porque pone en riesgo la independencia del Poder Judicial del estado.
Esa circunstancia es muy delicada, continuó, al explicar que ante la confesión que hace el juez Samuel Uriel Mendoza, el Consejo de la Judicatura debe inmediatamente separarlo de sus funciones y ponerlo a disposición de éste y de la Fiscalía General del Estado o Fiscalía Anticorrupción, para que se indague a fondo lo por él confesado, y se le sancione de forma ejemplar.
“Derivado de su determinación, afectó derechos de terceras personas, esto trasciende porque es la gobernadora, pero él actuó en muchos asuntos de exfuncionarios y otras personas, si él reconoce haber aceptado presión en este asunto, quién nos garantiza que sus resoluciones, no sólo en las de los exfuncionarios, sino que en otras que haya participado, hayan sido por otro tipo de presión, no sólo la política, sino por otro tipo de presión”, comentó.
Frente a esa confesión, el gremio de abogados, las barras y los colegios exigieron la separación del juez, para que se someta a una investigación rigurosa de los asuntos en los que él participó y se determinen las resoluciones para ver si se resolvieron bajo presión o no, porque eso trae una afectación hacia terceras personas.
Héctor Villasana dijo que el juez Mendoza participó en expedientes de Jesús Manuel Esparza Flores, Marcelo González Tachiquín, y que eso les hace pensar, que en las determinaciones en las que participó fue integrante de juicio oral, en una de las causas penales de Antonio Tarín García, sus intervenciones fueron por presión política como él lo reconoce.
“Deben separarlo inmediatamente y una rigurosa investigación de todos los jueces, porque él mismo reconoce que fueron varios compañeros que fueron presionados, nosotros lo denunciamos desde que inició la Operación Farsa, denunciamos la presión que había del Ejecutivo sobre el Poder Judicial sobre un grupo de 8 o 10 jueces, que eran los únicos que resolvían asuntos, dictaban órdenes de aprehensión, cateos, aseguramientos, prisiones preventivas”, añadió.
Agregó que existe un número de jueces que fueron debidamente denunciados en su momento, por las personas afectadas, y a pesar de que expusieron todo, en aquel momento el Poder Judicial “cerró los ojos”, no hizo caso y actualmente está saliendo a la luz todo lo que se incluyó en las denuncias.