La derogación de los artículos que penalizan el aborto voluntario en el Código Penal Federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un avance y un obstáculo menos, sin embargo, en Chihuahua las mujeres siguen batallando para acceder a un aborto y deben recurrir a un amparo, señaló Alessa Rey, portavoz de Marea Verde Chihuahua.
El pasado miércoles 6 de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
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“No es una despenalización o legalización en todo el país, pero es un avance, una vez que se logre modificar el Código Penal, las instituciones de salud federal puedan implementar los servicios de aborto voluntario”, señaló Alessa Rey.
El IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud.
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Para Marea Verde Chihuahua el reto será pasar del papel a la acción, para ello las colectivas locales deberán estar atentas para que se logre y se haga en espacios que no generen estigmatización para las mujeres que busquen interrumpir su embarazo.
Alessa Rey recordó que Marea Verde Chihuahua realiza el acompañamiento para abortos autogestivos y para mujeres que prefieren hacerlo en un ambiente hospitalario, para ello, las ayudan con el amparo para que puedan realizarlo, ello, a partir de la resolución otorgada en septiembre de 2021 referente a la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.
En Chihuahua se han presentado más de 20 amparos, muchos de ellos colectivos, por lo que más de 100 mujeres y personas con capacidad de gestar puedan practicarse un aborto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si es víctima de violencia sexual y resulta embarazada, puede practicársele un aborto por violación a pesar de que tenga más de 12 semanas de gestación, sin embargo, en Chihuahua hay una orden de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de que una víctima con más de 12 semanas no la atienden, refirió Alessa.
A la fecha, se han acompañado cinco casos de mujeres que llegan con menos de 12 semanas de gestación, pero dilatan el proceso, a fin de que cumplan las 12 semanas y evitar realizar el procedimiento, ante ello, Marea Verde Chihuahua ha interpuesto amparos para que se obligue a las instancias de salud del estado a que se les brinde el servicio.
“A pesar de que la SCJN dice que no puedes poner plazos en casos de violencia sexual, hay una orden de la gobernadora para que no se permita el aborto”, comentó.
Ello implica que las mujeres sufran revictimización porque deben recurrir a presentar el amparo y en ocasiones ir a ratificar, sobre todo si toca un juzgado presidido por un antiderechos.
“Son logros que nos ayudan a hacer las cosas, pero la implementación de los criterios es lo más complicado, para que lo hagan sin discriminación, estigmatización y violencia obstétrica”.
Para Alessa van caminando hacia el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
A la vez, hizo un llamado al Congreso del Estado y en especial al PAN, para que en este mes global de acceso al aborto se respete los criterios de la SCJN, y se retome la iniciativa presentada por Marea Verde Chihuahua para la despenalización y retiren el plazo para que una víctima de violación puede acceder a un aborto.