Un grupo de defraudados por la financiera Aras Business Group, se manifestó frente al Palacio de Gobierno con el fin de exigir a la gobernadora María Eugenia Campos que los atienda personalmente para que conozca de primera mano las inconsistencias en el caso de la financiera.
Encabezados por el abogado que representa a ese grupo, Mariano Cordero, los manifestantes cerraron por un corto tiempo la avenida Venustiano Carranza y la calle Aldama.
Aseguran que la intención que han externado los representantes de Aras en el sentido de que buscan la justicia alternativa para poder llegar a un acuerdo con algunos de los afectados, resulta totalmente inconstitucional.
“Es una mentira, ellos no van a soltar ni un peso, no quieren negociar nada, legalmente es imposible que puedan liberar algunos bienes para pagar a sólo unos pocos, lo que está asegurado por la fiscalía y por la UIF, se tiene que usar para resarcir el daño a todos y no sólo a unos cuantos”, explicó.
Señaló que en principio la medida estaba siendo aceptada también por la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, pero la magistrada ya se dio cuenta de que esa acción resultaría ilegal y jurídicamente imposible.
Mariano Cordero subrayó que se desconoce los motivos por los que la Fiscalía General del Estado sigue actuando de manera pasiva y que siguen intentando promover que los afectados se vayan por la vía de la justicia alternativa, aún y cuando saben que jurídicamente no es posible.
Los quejosos señalaron que a pesar de ser pocos, su lucha representa la búsqueda de una solución para la más de siete mil personas afectadas en todo el estado, por lo que dijeron que seguirán en la resistencia civil, la cual hasta hoy permanece pacífica.
