Luego de que el pasado 12 de julio, se diera a conocer la inhabilitación por parte del área de Responsabilidades del Órgano Interno del Control, de la Secretaría de la Función Pública, en contra de la extitular Mónica Vargas Ruíz, el abogado de la exfuncionaria, Rodolfo Martínez Ayala, interpuso una denuncia en contra de este órgano, ya que aseguran que la resolución se dio a conocer primero en medios de comunicación y que a ellos les notificaron en un domicilio abandonado, el cual incluso cuenta con un anuncio de “se vende”.
Por no haber sido notificados correctamente en la resolución de la exsecretaria de la Función Pública, el abogado señaló al titular del Órgano Interno de Control, Juan Miguel Rivera Ortega, de haber difundido la resolución y de no notificar conforme a la ley a Mónica Vargas.
El abogado, aseguró que Juan Miguel, se hizo cargo de difundir esta resolución del expediente OIC/SFP/RESP-001/2022 sin antes notificar a las partes, lo cual considera violatorio a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Trasparencia, por lo que solicitò en una denuncia en contra del titular del Órgano Interno de Control.
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Para ello, solicitó en su denuncia que se realice una prueba pericial y forense en materia de informática al equipo y/o equipos de computo que tenga asignado la persona en cuestión, además de que se solicite un informe a los medios de comunicación que difundieron esta información, sobre el origen de la información.
“La resolución nunca la notificaron, nosotros nos enteramos por los medios primero, es una violación a la Ley de Transparencia y constituye una conducta grave y se lo estoy atribuyendo directamente a Juan Miguel Rivera el titular del Órgano Interno de Control yo estoy atribuyendo a él la filtración a todos los medios de comunicación porque es el responsable del área, acabamos de presentar una denuncia por esa filtración porque es una conducta grave señalada en la Ley General de Responsabilidades y violó el artículo 113 de la Ley General de Transparencia porque es un procedimiento en el cual todavía no hay una resolución que haya causado Estado” comentó el abogado de Mónica Vargas.
Rodolfo Martínez Ayala, consideró que es una actitud irresponsable el que hayan notificado en una propiedad abandonada, y no se dieron a la tarea de enviar algún correo electrónico que también se encuentra registrado para escuchar cualquier tipo de notificación.
"Es una cuestión irresponsable por parte de este servidor público de que se le haya notificado ahí cuando ya hay jurisprudencia de la Corte que claramente dice que este tipo de notificaciones de resolución tienen que estar de forma personal, ahora respecto de la resolución están resolviendo por lo mismo que se intercalan desde el principio que la información que había ella señalado que se encontraba en diversas ligas de los servidores de la Función Pública que ellos no las encontraron, bueno, esta resolución es deficiente porque jamás hicieron uso de una prueba pericial en materia de informática para corroborar lo que están asegurando.
El abogado comentó que la discusión ha sido por una información que no estaban en unas ligas en internet, pero que Mónica Vargas, nunca se negó a dar, por lo cual aseguró que van a volver a presentar otro amparo, ahora que se acaba de dar a conocer la sanción en su contra.
"A nosotros nos notificaron hoy, nosotros nos enteramos por ustedes por los medios, en tanto el estado de Chihuahua como de de carácter nacional, que se había sancionado con tres meses y entonces la verdad nos sorprendimos mucho porque pues jamás nos hicieron una notificación, ni siquiera aún teniendo nuestro correo electrónico que habíamos señalado para también recibir notificaciones" agregó.
El representante de Monica Vargas, dijo que ella a pesar de esa resolución ella puede seguir desempeñando cargos públicos, toda vez que actualmente se encuentran como Contralora en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que dicha resolución no tiene una trascendencia a nivel federal.
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