Integrantes de la comunidad Pima y sus representantes legales han denunciado el desacato en el que se mantiene el alcalde con licencia y actual candidato por la coalición PAN – PRI – PRD, Marcelino Prieto Carreón, respecto a una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, el cual le ordenó desde hace un año suspender a la persona que él designó para la coordinación de Asuntos Indígenas.
En 2021, luego de que Prieto Carreón tomó protesta como alcalde del municipio de Madera, los integrantes de los pueblos indígenas encabezaron una reunión con el político en mención a fin de elegir, dentro de los sistemas normativos internos al encargado de la oficina de Asuntos Indígenas, el cual es quien funge como enlace de las demás comunidades de la Sierra en la administración pública municipal. Dicha designación se hizo totalmente legal.
Empero, en febrero de 2023, el alcalde solicitó una reunión urgente con los gobernadores de la comunidad Pima justificando que debía ser retirada la persona que encabezaba el cargo de Asuntos Indígena, toda vez que dijo que para la administración 2021 – 2024 le correspondía a un integrante de la comunidad Nde, pues alegaron era un representante de cada pueblo por año.
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Pasada dicha reunión y tomando lo hablado como un acuerdo, el 15 de febrero de ese mismo año, notificaron al entonces representante de los Asuntos Indígenas, respecto a su baja asegurando que los gobernadores indígenas estuvieron de acuerdo, lo cual comentan es falso toda vez que no estuvieron en la reunión anteriormente mencionada.
El 8 de marzo del año pasado, se interpuso un amparo a nivel federal por medio el cual fue admitido de manera inmediata y posteriormente se emitió una sentencia que obligaba la suspensión temporal de Virna López, autodenominada Nde. Pese a dicha orden, la suspensión no se dio, motivo por el cual los afectados han seguido insistiendo ante los juzgados.
Posteriormente, se desarrolló otra audiencia en la que se reiteró la notificación por parte del juez de que se retirara a la personas interpuesta por el presidente municipal, quien alega que los reclamos por parte de la comunidad Pima no son veraces.
El pasado 5 de septiembre se celebró una audiencia constitucional y el fin del juicio de amparo luego de cinco audiencias realizadas. Ahí se dictaminó el respaldo legal hacia la persona que las comunidades indígenas habían designado desde el inicio, así como para los actores que llevaron el frente de defensa de dicho pueblo.
Sin embargo, a pesar de todas esas órdenes de los jueces para la reinstalación de la persona inicial, se ha hecho caso omiso y se asegura que se ha jugado y vulnerado con los derechos de estos grupos minoritarios poniendo a personas que se dicen pertenecientes a las comunidades cuando no lo son.