Habitantes de la ciudad de Chihuahua pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Néstor Manuel Armendáriz Loya, para investigar el abuso de autoridad y amenazas que han sufrido de parte de los organismos reguladores del agua potable.
La problemática estriba en que durante la II Sesión de Consejo de Administración 2022 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua se propuso modificar el esquema de cobro a 7 mil morosos que en promedio tienen más de 50 mil pesos de adeudos, para que el plazo para liquidarlos, una vez que sean notificados, se reduzca de 15 días a entre 1 y 2 horas.
Tal acción fue considerada por los afectados como “el más bajo y detestable estilo de la delincuencia organizada”, según el documento que presentaron ante la CEDH.
En la sesión de la JMAS, desarrollada este 23 de febrero, participaron 11 de sus consejeros y representantes de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), transmitida a través de la plataforma de Facebook, donde se expuso que al corte hecho en diciembre de 2021 la cartera vencida ascendía a 3 mil 974 millones 205 mil 587 pesos.
Tal cifra la integran deudores del sector doméstico, comercial, industrial, y gubernamental, federal, estatal y municipal.
De ellos, 1 mil 520 millones 742 mil 488 pesos corresponden a morosos del servicio doméstico, cuyos pagos atrasados van desde rangos de entre 0 y 4 meses, hasta 12 años y más.
“Hasta hace una semana se tenía la política de que a los usuarios domésticos que tienen más de 20 mil y 50 mil pesos de adeudo les llevaban una notificación y les informaban que si en 15 días no se acercaban a pagar les cortarían el servicio directamente desde la calle”, expuso uno de los participantes en la sesión.
Agregó que “esta estrategia creo que no funciona…damos un espacio demasiado grande y hemos llegado ahí a una conclusión platicándolo con toda la gente de las áreas correspondientes, que lo más conveniente es llegar y ahí mismo notificar, y dar un espacio de una hora o dos horas para que la gente se acerque a hacer el pago, porque la estrategia que se implementó desde hace años no funcionó. Entonces tenemos que ser…con los deudores de cantidades muy fuertes, que no han mostrado el más mínimo interés de acercarse…y utilizar otras estrategias para reducir la cartera vencida”.
Aunque admitió que también hay entes públicos que tienen adeudos, los morosos domésticos representan 7 mil cuentas de las más de 350 mil que tienen en la JMAS, “tenemos que tomar definitivamente otro tipo de estrategias”.
En la transmisión, disponible para su consulta en la dirección electrónica https://fb.watch/brUAiZ8n22/ la propuesta es recibida como “muy bien” y “perfecto”, por el funcionariado presente.
Ante ello, Luz María Cisneros Villaseñor y Ricardo Jesús de la Rocha Córdoba, en representación de un colectivo ciudadano del que no aparece el nombre en la Queja Urgente presentada en la CEDH, expusieron la problemática que enfrentan desde noviembre de 2021, cuando acudieron a solicitar la atención del ombudsman chihuahuense, y que ahora se agravó.
“Tiene que ver con la atención, suministro, calidad, tarifas, convenios, descuentos, correcciones, restricción de servicio, cobros de reconexión, amenazas de cobro equiparable a cobranza ilegal y extorsión, amenazas y hostigamientos de corte inconstitucional e inconvencional, daños en propiedad, daño moral y daño psicológico, todo lo anterior y lo que resulte relacionado al servicio de agua potable”, explican en el documento.
Advirtieron que hasta hace una semana mediante notificación se hostigaba y amenazaba a las personas usuarias de la JMAS con cortar el servicio desde la toma de la calle si no liquidaba el adeudo.
“Pero ahora, esta amenaza de darles hasta dos horas nada más es el más bajo y detestable estilo delincuencia organizada”, afirmaron.
Por tal motivo, solicitaron la intervención de Armendáriz Loya porque “lo que hacen y van a ser las autoridades, y particulares que actúan a nombre de la autoridad (JMAS/JCAS) no sólo violan flagrantemente el derecho humano al agua en sus diversas modalidades, señalados en la Constitución Federal en su Artículo 4°, en la Ley General de Salud en el Subtítulo 121, en la Constitución local en su Artículo 4°, y demás artículos y tratados internacionales relacionados con el fondo del presente asunto, sino que están cometiendo diversos delitos”.
