Luego de que el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la Diócesis de la Tarahumara, informara que al menos 30 familias rarámuri de la comunidad de San Juan de Guacayvo, en el municipio de Bocoyna, han sido desplazadas de sus tierras a casusa de la delincuencia organizada, la diputada presidenta de la comisión de pueblos y comunidades indígenas, Rocío Sarmiento Rufino, expresó que es lamentable que ocurran estos fenómenos sociales.
Indicó que acudirán a la Fiscalía General del Estado para corroborar el desplazamiento forzado de las familias, hecho que no es nuevo, ya que se ha venido suscitando por muchos años lamentable.
Indicó que se requiere de la presencia del Estado para garantizar que en los pueblos originarios, se garantice la seguridad.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las familias que dejaron sus hogares, sin embargo es complicado que las personas tengan dejar sus tradiciones, patrimonio, por cuestiones de inseguridad.
Agregó la legisladora del PAN que se requiere de acciones estratégicas entre los 3 órdenes de gobierno, para evitar que más familias dejen sus lugares de origen.