Tras una investigación por haber retrasado el pago por más de 364 millones de pesos a Cruz Roja, al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (FOSECH), también conocido como FECHAC fue destituida e inhabilitada una servidora pública de la Secretaría de Hacienda
En un fallo emitido por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se ordenó la destitución e inhabilitación de una servidora pública, A.M.R.S., quien durante su gestión en la administración 2020, no cumplió con la transferencia de más de 364 millones de pesos destinados a las asociaciones correspondientes
La falta fue señalada y denunciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la revisión de la Cuenta Pública de ese año.
La ahora exfuncionaria, quien ocupaba el cargo de directora de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones, era la responsable de supervisar y asegurar la correcta transferencia de las aportaciones recaudadas por la Secretaría de Hacienda.
Estos fondos provenían del pago del Impuesto Sobre la Nómina y de otros derechos vehiculares como el canje de placas o la expedición de licencias de conducir, que, según lo estipulado por las leyes y decretos estatales, debían ser destinados de manera oportuna a las organizaciones beneficiarias.
Sin embargo, durante la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASE detectó que las transferencias a las instituciones FICOSEC, FOSECH y Cruz Roja no se realizaron dentro de los plazos establecidos. En total, se acumuló un retraso en la entrega de 135.6 millones de pesos para FICOSEC, 225.7 millones para FOSECH y 2.6 millones para la Cruz Roja, montos que fueron transferidos de forma extemporánea.
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El TEJA determinó que la exdirectora incurrió en la falta grave de abuso de funciones al no cumplir con la transferencia de los recursos en tiempo y forma, tal como lo estipulan los decretos aplicables y la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.
Aunque finalmente se realizaron las transferencias, éstas no se efectuaron conforme a los plazos legales: las aportaciones a la Cruz Roja debieron haberse realizado de manera mensual; los fondos para FOSECH debían transferirse cinco días hábiles después de la recaudación, y las aportaciones a FICOSEC debían realizarse el día 17 de cada mes posterior a la recaudación.
El fallo concluyó que, pese al retraso, no hubo daño patrimonial a las organizaciones beneficiarias, ya que los recursos fueron entregados en su totalidad. Sin embargo, el Tribunal determinó que la conducta de la funcionaria fue negligente y constituyó una violación grave de sus responsabilidades. Por ello, se resolvió su destitución e inhabilitación por un periodo de tres meses.
Este proceso, que fue notificado a la ASE el 24 de septiembre de 2023, según consta en el expediente 079/2023-JRA de la Cuarta Sala del TEJA, presidida por el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, marca un precedente en la fiscalización y sanción de las omisiones administrativas que afecten el destino de los recursos públicos.