En el informe individual analizado por la Auditoría Superior del Estado, detectó que en 2020 el gobierno del estado entregó pagos a supuestos “beneficiarios” del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural” que no contaban con información verídica, e incluso a personas que no eran productoras del campo.
En ese año, el seguro para el campo fue de poco más de 12 millones 100 mil pesos, a través de la Aseguradora Tláloc Seguros SA, con el cual se tendrían que haber cubierto daños por sequía, específicamente en hectáreas de maíz de grano de temporal en 19 municipios, inundaciones y una serie de afectaciones que se produjeron durante ese periodo.
Sin embargo, a pesar de que se había etiquetado el motivo del pago y la forma en que se destinaría el recurso, éste fue entregado a varios beneficiarios, entre los que se encontraron documentos apócrifos, personas no localizadas o que no eran productoras agrícolas, además de decenas de pagos a una sola cuenta, lo cual fue detectado por la misma ASE.
Este informe corresponde a la cuenta pública de 2021, de la Secretaría de Desarrollo Rural, que revisó una serie de conceptos correspondientes a la dependencia, entre los que se encuentra el seguro catastrófico para el campo, donde los auditores hallaron pagos injustificados o sin acreditar a las personas como beneficiarias del mismo.
Toda la información fue entregada ayer al Congreso del Estado, a fin de que los legisladores estén enterados de estos hechos, pero también fue publicada en la página oficial de la Auditoría Superior del Estado, a fin de que puedan ser del conocimiento público las observaciones que encontraron en el manejo de este recurso.
La entidad fiscalizada efectuó pagos por concepto de indemnizaciones a beneficiarios del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, de los cuales se detectó que la documentación que integra el expediente de varios de ellos no fue reconocida como expedida por parte de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic; así como también algunos beneficiarios reconocieron no haber recibido el apoyo económico y/o no haber realizado trámite alguno ante el Municipio correspondiente para que le fuera extendida una constancia de acreditación de propiedad.
La auditoría detectó múltiples irregularidades, de la entrega de apoyos, entre ellos, en un muestra de 400 expedientes de beneficiarios revisados, se encontró que en el 60% la documentación no fue reconocida por las autoridades municipales de Guachochi, Madera y Temósachic, es decir que no fue expedida por éstas (presuntamente apócrifa).
De una muestra de 83 beneficiarios en tres diferentes municipios, 45 no fueron localizados y de los 38 que se entrevistaron, cinco aseguraron no haber recibido el apoyo, 18 más indicaron haberlo recibido, pero no ser productores agrícolas, y un total de 36 señalaron no haber tramitado documentación ante el Municipio para ser beneficiarios.
De igual forma, hubo un alto número de cheques que fueron depositados a cuentas repetidas, como un total de 72 cheques revisados de Guachochi, 44 a la misma cuenta con RFC en terminación “22I28” y 12 a una cuenta con RFC “123C8”, y dentro de éstos últimos están los 5 entrevistados que dijeron no haber recibido el apoyo.
Asimismo en el municipio de Temósachic se revisaron 93 cheques, 22 fueron depositados a una cuenta a nombre de Samuel B. J. y 34 a una cuenta a nombre de otra empresa y 8 fueron cobrados por Luis Ángel B. R., por lo cual se encontraban fuera de los lineamientos de entrega de ese apoyo.
Por otro lado, en el municipio de Madera, de 76 cheques, 22 se depositaron a una empresa identificada como “Abastecedora”; mientras que en Bocoyna, de 58 cheques, 15 fueron depositados a Rosario P., 10 a Adán Alejandro V. A., 6 a “Comercial” y 6 más a una persona identificada como Magdalena M.
Sobre estos hechos serán las autoridades correspondientes quienes puedan proceder o no en contra de este posible desvío o malversación de recursos públicos, mientras que la Auditoría Superior del Estado ya inició con el procedimiento correspondiente para que se sancionen las prácticas que se consideran como faltas administrativas o sanciones penales, según lo consideren en el proceso de investigación.
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