El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, consideró que la disminución de decomisos de armas de fuego debería ir aparejada con una menor portación, pero afirmó que los hechos delictivos que se registran en la entidad, indican que no es así, y por lo tanto, existe una afectación directa a la integridad, patrimonio e incluso la vida de las personas.
“No parece que haya una verdadera disminución en el circular de las armas de fuego, vemos que disminuye el acto de aseguramiento, pero sólo eso”, apuntó el entrevistado respecto a la disminución de decomiso de armas que entre 2018 y 2021 representa un 57 por ciento, en tanto que la baja de decomisos de cartuchos, disminuyó un 51 por ciento.
El presidente de Derechos Humanos, indicó que a pesar de que dentro del Capítulo de los Derechos Humanos de la Constitución está establecido la libertad de poseer armas, en realidad no constituye un derecho humano como tal. Sin embargo, agregó que sí tiene injerencia directa negativa, tanto su posesión tráfico y uso, “pues se puede prestar a varias afectaciones tanto a su integridad como a su patrimonio e incluso a su vida”, reiteró.
Enfatizó en que lo ideal o deseable, es que al disminuir el tráfico de armas, trajera un beneficio, que se cometieran menos actos delictivos, “porque la verdad la experiencia nos indica que es el mínimo de los casos en que las personas que portan armas las usan a manera de legítima defensa”.
Expuso que “esa libertad de poseer o portar o poseer armas, es para defender la integridad entorno y vida de sus familiares, o patrimonios, pero la verdad son muy reducidos los casos en los que se puede usar un arma como legítima defensa”. Agregó que “vemos que en la mayoría de los casos, se exacerba algún tipo de conflicto y detona en hechos violentos con el uso de armas”,
Reiteró que el impacto que tiene la circulación de armas es negativo, además de que muchas de éstas son de uso exclusivo del Ejército y “ahí no está permitida, salvo algunos casos específicos bajo algunos supuestos de policías estatales o municipales o incluso federales, pero estas no deberían circular en uso de particulares”.
En este tenor, señaló que con frecuencia, “nos enteramos que los delitos se cometen precisamente con este tipo de armas de fuego, de las que no debería estar circulando ni una sola en uso de particulares”.
Señaló que los casos que se atienden en la CEDH, en las que se encuentra la presencia de armas de fuego, son los que se trata principalmente de allanamiento, “lo que más vemos es que se da cuando se revisa el domicilio se allana y de manera muy recurrente, donde hacen búsqueda de objetos o sustancias ilícitas se encuentran. Es decir, lo que se nos reporta relacionado en este tema es que so pretexto de la búsqueda de armas se encuentran en domicilios donde elementos ingresan con malos tratos a los moradores".