Dentro de la audiencia de imputación en contra del ex fiscal Francisco G. se dio lectura a las acusaciones por las que fue detenido, y en donde explicó que en el tiempo en que fungía como agente del Ministerio Público, ejerció sufrimiento físico y psíquico en contra de un exfuncionario imputado durante la pasada administración estatal.
Según las agentes del Ministerio Pública que acusan al exfiscal, estos hechos ocurrieron entre febrero de 2017 y noviembre del 2018, cuando fungían como ministerios públicos, Francisco G. y Eliza Peña, quienes utilizaban la casa ubicada en la avenida Zarco, para ejercer sufrimiento físico y psicológico, al afectado de identidad reservada y con clave JJBP1/2022.
En los argumentos se menciona la intimidación y la coacción mediante gritos de forma directa, así como amenazas contra la víctima y sus familiares, esto cuando lo sometieron a estar incomunicado durante largas horas de interrogatorio, en donde tampoco lo dejaban comer ni tomar agua.
Tomando en cuenta esos argumentos, son catalogados por la ley como delitos de tortura en su modalidad de psicológica, en contra de la víctima de nombre reservado e identificada con la clave JJBP 1/2021
Para tratar de acreditar los hechos, se presentarán testimonios de ciudadanos identificados como, Vilma Ramírez Santiago; Guillermo Saucedo; víctima reservada JJBP1/2021; los testigos de identidad reservada BEFJ5/2021; JOA3/2021; DCUDJ/2021; WPOA5/2021; MAMA6/2021.
Asimismo, los ciudadanos Viridiana Ríos González, oficial de la AEI; Arizeth Islas Castillo, psicólogo de la FGE; Yanis Aguirre; Samantha Enriquez, del departamento de cibernética de la FGE; Rafael López Parra, de la FGE; Fabricio Antonio Gaytán Payán, ministerio público adscrito al área de análisis financiero de la FGE; el comandante Carlos Javier Pineda Antillón, de la AEI; Giovanna Agredo Morales, psicóloga; José Martín Mata Hernández, psicólogo forense; Enrique Padilla Cordero; Adalberto Méndez López, abogado especialista en derechos humanos; Aarón Ernesto Flores, abogado en derechos humanos y discapacidad, así como César Contreras González, de la subsecretaría de Vinculación Ciudadana.
Por su parte, la defensa solicitó a la juez Hortensia García, que se detallen cada uno de los eventos, pues la acusación abarca de febrero del 2017 a noviembre de 2018, es decir, casi dos años, lo que resulta abstracto para efectos legales.
En este sentido, el abogado defensor Alfonso Pérez Galindo, explico que un señalamiento de sufrimiento físico y psíquico, así como la privación de agua y alimentos y las amenazas, son conceptos y no actos específicos, es decir, es necesario saber día, lugar y hora en donde se suscitaron los hechos por los que se acusan a Francisco G.
Lo anterior, con el fin de que el imputado pueda defenderse de cada uno de los eventos, pues de esa manera no se podría demostrar nada, porque no existen acusaciones específicas, incluso para presentar coartadas de hora y lugar, tanto del acusado como de la presunta víctima.