Los ejidatarios de Creel serán los primeros en contar con un local comercial en el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel, ello como parte de la reparación del daño patrimonial del que fueron objeto desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río.
El Plan Integral del Ejido Creel además incluye la instalación de una estación de servicio de combustible, obras de infraestructura, programas enfocados en la salud, la educación y proyectos productivos, entre ellos una cooperación para la operación de una concesión de transporte turístico.
El delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que el Plan Integral del Ejido Creel tiene como objetivo resarcir el daño patrimonial, ya que han pasado varios gobiernos desde que el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió un decreto para dotar de 8 mil hectáreas al ejido, pero ningún gobierno cumplió.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco puede cumplir con la reparación monetaria, sin embargo se elaboró este plan integral de atención para resarcir a través de programas de Bienestar, donde incluso se gestiona un ramal del gasoducto.
Además se tomaron acciones de vivienda en beneficio de 160 familias con vivienda nueva, ampliación o remodelación. En el área de educación, todas las escuelas de Bocoyna están dentro del programa La Escuela es Nuestra.
“Se está colaborando para que se cree una cooperativa para la gasolinera”, detalló Juan Carlos Loera.
A todo ello se suma la creación de una cooperativa que se encargará de brindar el servicio de transporte a pasajeros que lleguen a este Pueblo Mágico.
Los ejidatarios recibieron 5 unidades motorizadas, de las 9 que se les entregarán, a fin de que puedan prestar el servicio. Se trata de vehículos seminuevos como Suburban y Jeep, entre otros.
Estas unidades de diferentes marcas fueron proporcionados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), un organismo único creado por este Gobierno, que a través de subastas y este tipo de gestiones devuelve a los que menos tienen el patrimonio decomisado por irregularidades y casos de corrupción.