La comunidad de Hierbabuena en el municipio de Balleza se vio estremecida el sábado 9 de septiembre por un acto de violencia en contra de Gloria Cáñez Chávez de 63 años, pues la activista y su hija fueron víctimas de un brutal homicidio a manos de un grupo de pistoleros que, en un ataque extremadamente violento, les dispararon más de 50 veces cerca de su residencia.
Este trágico episodio, aparentemente, fue desencadenado por un "conflicto forestal", según lo adelantó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien confirmó que los hechos habrían ocurrido a las 20:00 horas del sábado, cuando se encontraba al lado de su hija Sali Avella Cáñez, de 23 años, quien también murió por la descarga de armas largas.
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Sobre la escena se recuperaron 50 casquillos percutidos, de los calibres .223, 7.62x39 y .40 milímetros, así como los cuerpos de ambas mujeres que fueron levantados por los elementos del Servicio Médico Forense que se hicieron cargo de recuperar la evidencia y trasladar el cuerpo a las instalaciones del Semefo.
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Durante el año 2013, el esposo de Gloria, Rubén Avella Molina, también fue asesinado en la comunidad de Casita, ubicada en la carretera de Guadalupe y Calvo a Parral, cuando se dirigía a esta última ciudad, según se tiene registros, éste le hizo una llamada a su esposa, ahora asesinada, para que fuera a encontrarlo, localizándolo aún con vida pero con heridas de arma de fuego que posteriormente le provocaron la muerte.
Amigos, familiares y pobladores de la zona, recuerdan a Gloria como una mujer reservada en sus propósitos, firmes con la vida, que eran solucionar el problema de las tierras que pertenecieron a sus ancestros, los Cáñez, y a los indígenas que han habitado por mucho tiempo este lugar, lucha que mantuvo por más de 30 años.
En los informes de la Fiscalía se dice que Rubén, en compañía de su cuñado Felipe Cáñez, habían perdido la vida en un ataque armado, pues al parecer habían tenido un conflicto por las tierras en el municipio de Balleza, lo cual es parte de las investigaciones que se realizaban durante el año 2013.
A decir de los habitantes del poblado, el año pasado se les otorgó una resolución para explotar el bosque, sin embargo, los ejidos de San Carlos y Guajolotes también disputaban las mismas tierras que aún se encuentran vírgenes: “no se vale que por intereses hagan tanto daño, ella sólo quería que la gente trabajara, navegaba muchos indígenas con la esperanza que la situación cambiaría para ellos”, expuso una de las personas que lamentó el asesinato de la activista y su hija.
Van 38 activistas asesinados
Como Gloria Cáñez, en el estado, desde los últimos 10 años se han registrado por lo menos 38 asesinatos de activistas que por su trabajo a favor de algunas comunidades o de los recursos naturales, fueron privados de la vida por grupos del crimen organizado, en las distintas regiones del estado.
Aunque de momento no se ha determinado el motivo oficial por el cual se cometió el homicidio en contra de la señora Gloria y su hija Sali, la Fiscalía General del Estado, continúa investigando el motivo de esta agresión, la cual aseguran apunta a un tema forestal de zona de Balleza, al sur del estado.
En comunidades como Guadalupe y Calvo, Guazapares, Bocoyna y otros puntos como Balleza, se han registrado homicidios en contra de estas personas que son defensoras de las comunidades, de las tierras o de los propios bosques, que en muchas de las ocasiones terminan afectando intereses de grupos criminales en la entidad.
La mayoría de las agresiones que se han registrado, de acuerdo de los archivos periodísticos y datos de la Fiscalía General del Estado, se han contabilizado en la zona serrana, y puntualmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, que es la zona donde mayor registro de casos se han contabilizado.
Entre los afectados se encuentran algunos nombres como la familia Baldenegro, Julio Baldenegro un activista de antaño, padre de Isidro y José Trinidad, fue muerto a balazos. En 2017, Isidro fue asesinado a tiros por la defensa de la Sierra Tarahumara. El 7 de marzo de 2022, José Trinidad corrió con la misma suerte.
Al igual que la familia Baldenegro en Baborigame, surgió la historia del activista Cruz Soto Caraveo en 2019, quien era integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, mismo que fue localizado sin vida en octubre de ese año, tras haber sido asesinado a balazos en Guazapares.
La información que recuperó la Fiscalía General del Estado, fue que el activista se encontraba en calidad de desplazado y al regresar a Guazapares, a cobrar un apoyo del gobierno federal, fue atacado a balazos por un grupo armado, tiempo después se estableció que el exdirector de la Municipal, Paulino M.R. habría perpetrado el ataque junto a dos personas más que lo apoyaron en los hechos.
El modus operandi y los intereses se repiten en la mayoría de los ataques en contra de los activistas, quienes intentan resguardar los ecosistemas o conservar las condiciones naturales, que terminan siendo arrebatadas por los grupos criminales, que han utilizado estos recursos para obtener recursos económicos considerables, a través de la tala clandestina, siembra de droga y demás.
Algunos de los registros que existen sobre los activistas asesinados por intereses relacionados con los grupos criminales, comenzó con la agresión armada en contra de Jaime Subía Ceballos y Socorro Ayala Ramos, en Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, quienes fueron asesinados por un tema relacionado con el dominio de algunos predios, según las investigaciones del año 2013.
A ellos se le suman algunos como Ayala Ramos, Irineo Meza Solís, quienes fueron asesinados en 2014, posteriormente le sigue en el año 2015, Santiago Quiñones Cruz, Cresencio Molina y otros muchos más que bajo las mismas condiciones entregaron su vida por mantener intereses opuestos con algunos pistoleros en la zona serrana.
