El dirigente en Cuauhtémoc de la organización de defensa social “El Barzón”, Enrique Pérez Aguilar, denunció la intervención de la Guardia Nacional en defensa de representantes de financieras fraudulentas, lo que se comprobó al pretender el desalojo de una familia en el fraccionamiento Las Huertas, esto por supuesto incumplimiento del pago tras adquirir la vivienda a una de estas financieras.
Al enterarse de la intención de desalojo, un nutrido grupo de personas que integran “El Barzón” acudió al punto señalado para evitar a toda costa que actuarios lograran su cometido de sacar a los moradores de la vivienda, incluso dichos funcionarios exigieron la presencia de agentes municipales para apoyar en el desalojo.
De acuerdo a testigos, uno de los actuarios exigió a un agente de la Policía Municipal solicitará una mayor cantidad de elementos para llevar a cabo el desalojo, obteniendo como respuesta que la presencia policial obedecía a evitar algún posible roce entre las partes involucradas.
Previo a ello, se acusó a los representantes de una financiera de amedrentar a los inquilinos de la vivienda con utilizar a la Guardia Nacional para sacarlos de la casa, incluso, hubo la presencia de los uniformados quienes a su arribo al lugar efectuaron el protocolo de defensa.
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Al respecto, Pérez Aguilar aseveró que la Guardia Nacional se creó con el fin de proteger a la población en general y no servir como seguridad privada para quienes se ha comprobado, han estafado a muchas familias en la región de Cuauhtémoc, por lo cual tras permanecer horas en la vivienda se llegó a un acuerdo para evitar el desalojo.
El activista social acusó a financieras de estar en contubernio para estafar a familias de la región, esto al repetirse el caso de la venta de un inmueble a un particular por una de estas compañías crediticias, sin embargo, al quedar un pequeño porcentaje para liquidar la casa, dicha empresa desapareció, omitiendo por el banco encargado recibir los pagos del comprador.
Tras varios meses se notificó que la propiedad estaba en edicto de embargo por incumplimiento de los pagos pendientes, incluso se indicó que la vivienda fue vendida a otra persona por una financiera que adquirió la cartera vencida.
Al tratar de llegar a un acuerdo con el nuevo dueño, la persona defraudada ofreció pagar 100 mil pesos más de la cantidad que el reciente comprados pagó, es decir 500 mil pesos para rescatar la vivienda, a lo cual dicha persona se negó, exigiendo el pago de 2 millones de pesos para devolver el inmueble, por lo que al no llegar a un acuerdo se analiza por parte del afectado denunciar por fraude a la empresa que le vendió la propiedad.