El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, se postuló a favor de la prisión preventiva para los casos que así lo ameriten, y expresó que el análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la posible eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa, fomentaría el aumento a la incidencia delictiva y se aumentarían los casos de sustracción de la justicia.
“Considero que en estricto sentido, partiendo del supuesto de que hay personas que duran en prisión preventiva durante lapsos considerables y que al final de cuentas son encontradas inocentes, sí compurgaron entre comillas una especie de pena anticipada, porque básicamente estuvieron privadas de su libertad siendo inocentes, sin embargo el estado ideal de las cosas, es que existieran los elementos contundentes para que una persona sea relacionada en la participación de algo que se considera como delito”, subrayó.
El ombudsman, manifestó que una cosa es lo ideal, y otra, son los hechos que ocurren realmente, pues en este caso, si se declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, y se le deja exclusivamente la decisión a los jueces para que ellos determinen en cuales casos procede y en cuales no, la medida cautelar de prisión preventiva, habría personas que aunque existan datos contundentes que los relacionen con delitos graves como el homicidio, violación, extorsión u otros, podrían sustraerse de la justicia.
“En caso darse esa situación, se incrementarían los índices de impunidad, es decir, muchas personas se extraerían de la acción de la justicia tan pronto se sepan involucrados en un procedimiento que implique varios años de su libertad”, enfatizó.
Néstor Armendáriz, comentó que las leyes y los criterios de quienes aplican esas leyes, deben de responder a las necesidades de la sociedad, pues un claro ejemplo se vivió hace años aquí en Chihuahua, cuando se implementó el Sistema de Justicia Oral, es decir, se trajo el sistema de un país en donde la realidad era distinta a la vivida en esta entidad y eso se tradujo en la implementación de un sistema muy garantista que se vio reflejado en la llamada puerta giratoria.
En este sentido, recalcó que lamentablemente en la actualidad en México se viven tiempos en los que delinquir no es una muy rara excepción, pues hay muchas personas que lo hacen con mucha frecuencia, incluso es su modus vivendi, y si se les da mayor facilidad para hacerlo, pues el escenario resultaría aún más grave.
“Mi postura podría parecer contradictoria a los derechos humanos, pero no lo es, porque también están los derechos de las víctimas del delito y los derechos de la ciudadanía a que se investigue, se castigue, se sanciones y se trate de erradicar la comisión de delitos; entonces yo me pronuncio a favor de la prisión preventiva en aquellos casos en que sí amerite y que exista riesgo de la extracción o evasión de la justicia o que el delito sea de alto impacto, que lacere no sólo los intereses una personas, sino de la sociedad en general”, puntualizó el derechohumanista.
Cabe mencionar que fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar propuso ante el pleno de ese órgano colegiado, que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa, argumentando que esa medida, violenta la presunción de inocencia y es desproporcionada.