El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) del estado de Chihuahua ha dictaminado la inhabilitación de M.P.V.G., representante legal de la empresa Genéricos Inyectables de Guadalajara S.A. de C.V., por un período de tres meses, tras haber utilizado información falsa para obtener un contrato con Pensiones Civiles del Estado.
La irregularidad fue detectada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la revisión de la Cuenta Pública de 2019. El hallazgo motivó una denuncia formal ante el TEJA para que se tomaran las acciones correspondientes, según lo dictado por la ley.
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En este caso, la falta administrativa grave consistió en que la empresa Genéricos Inyectables de Guadalajara S.A. de C.V. aseguró, como parte del proceso de contratación, estar registrada en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, requisito obligatorio para poder participar en dichas contrataciones. Sin embargo, se comprobó que esta declaración era falsa.
El TEJA, tras analizar la denuncia presentada por la ASE y escuchar las pruebas correspondientes, determinó que M.P.V.G. había incurrido en una falta administrativa grave, lo que llevó a la sanción de tres meses de inhabilitación para participar en cualquier proceso de adquisiciones, arrendamientos u obras.
Además, la resolución incluyó una multa como parte de la penalización por el uso de información falsa en un proceso público.
La decisión fue anunciada en la última sesión pública del Pleno del TEJA, causando revuelo entre los sectores relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La ASE, por su parte, indicó que está a la espera de la notificación formal del tribunal para revisar los términos de la resolución y continuar con su labor de supervisión y fiscalización.
Esta inhabilitación se suma a una lista cada vez más extensa de sanciones impuestas por el TEJA, con 20 casos detectados y denunciados por la ASE relacionados con faltas administrativas graves.
El suceso refleja la importancia de contar con mecanismos de control efectivos para prevenir la corrupción y garantizar que las contrataciones públicas se realicen de manera transparente y honesta.