La disponibilidad de agua en el estado de Chihuahua, como en gran parte del país, se encuentra en sus niveles más bajos históricos, pues las pocas precipitaciones y el consumo desmedido en el sector productivo han mantenido en niveles alarmantes la disponibilidad de agua, lo que se agrava aún más con la falta de regulación por parte de la Conagua.
Actualmente los títulos de concesión de agua en el estado, son hasta vendidos en redes sociales, algunos propietarios comercializan o “fragmentan” sus títulos para entregar una parte a otro productor, quienes finalmente terminan tramitando un nuevo permiso y perforando una nueva zona, con previa autorización de la Conagua, a pesar de que la zona en la que se busca perforar, sea una zona conocida como en “veda”, que no permite una nueva extracción.
Lo anterior ha sido denunciado en instancias federales, pero parte de diferentes organizaciones hídricas en el país, así como expertos en el tema, quienes ven una alarmante falta de regulación, ya que los más de 30 mil pozos que existen en el estado, el 100% no cuentan siquiera con un medidor que indique cuánta agua le están extrayendo, y si es la cantidad que previamente le autorizaron o es más de lo que indica su concesión.
Especialistas encargados en esta materia detallaron a El Heraldo de Chihuahua que los títulos que se entregaron en 1980 o 1990, fueron entregados de forma gratuita a los pobladores, con el objetivo de producir un sustento para sus familias, pero actualmente, estos mismos títulos que fueron gratis hace algunas décadas, son comercializados entre 10 mil a 20 mil pesos por metro cúbico de agua.
De acuerdo a los propios estudios y registros de la Conagua, existen por lo menos 30 mil pozos con concesión, pero existen extraoficialmente cerca de 15 mil pozos más que se encuentran de forma ilegal extrayendo la poca agua que existe en el subsuelo y que aprovechan principalmente para la producción de nuez, alfalfa y algodón.
Según el procedimiento que siguen los propios productores en el estado, el modus operandi que han detectado y denunciado ante la Secretaría de la Función Pública, es que adquieren un título de agua, sea en parte o total, posteriormente entregan a Conagua una nueva coordenada sobre la ubicación del nuevo pozo y al negar esta solicitud, los productores se amparan y los jueces federales dan la razón al quejoso y la Conagua acata esta solicitud y finalmente se acepta esta nueva perforación.
Los especialistas consultados, advierten que el Estado mexicano debe otorgar la máxima prioridad al tema del agua subterránea, porque se está acabando, y de ella depende el desarrollo sostenible de la mayoría de las ciudades y comunidades rurales, pues afirman que ni siquiera existe una revisión de pozos, si cumplen con requerimientos como profundidad, extracción y otras cuestiones que debería verificar la Conagua.
También ven la necesidad de que autoridades de otros niveles puedan ingresar a revisar lo que sucede con el agua del estado, pues la autoridad federal no ha tenido la posibilidad de poner un verdadero sondeo y atención a esta problemática, pero que los principales afectados serán los chihuahuenses, como está actualmente ocurriendo en las megametrópilis como Ciudad de México.
Actualmente existe una Ley de Aguas que se formó desde 1992 y que a la fecha no ha sido actualizada, a pesar de que la disponibilidad de agua, el cambio climático y todo lo que se ha generado en el entorno del agua, ha tenido una serie de modificaciones, como es la agresiva sequía que permea en todo el país.
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Los expertos coinciden que es urgente que el Congreso nacional apruebe una nueva Ley General de Aguas, que se formó desde el año 2012, ya que la vigente permite a los concesionarios una serie de acciones y trámites que están impactando en la sobreexplotación de los acuíferos, pero también se recomienda fortalecer a la actual autoridad, que es la Comisión Nacional del Agua, en sus áreas técnica, jurídica, operativa y de supervisión, ya que su debilitamiento progresivo ha ocasionado que sea omisa para cumplir con lo que las leyes en la materia le mandatan.
Consideran también que es impostergable la conservación del ciclo hidrológico, que implica proteger ecosistemas naturales, detener la deforestación y extinción de especies; asegurar el caudal ecológico; limitar la extracción de agua a la capacidad de renovación; controlar las descargas considerando los volúmenes de recuperación de los cuerpos de agua, e incrementar el tratamiento y reúso de ellas.