El especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada José Carlos Hernández Aguilar consideró que el eliminar la prisión preventiva en los delitos de alto impacto en el país, sumado a la reducción de penas para extorsionadores en el estado de Chihuahua, es un desconocimiento que permea de los funcionarios, que tienen un desconocimiento de la realidad criminal del país.
“Nos parece un error, atenuar las penas o sanciones para este tipo de delitos, no se trata de la inflación punitiva, de aumentar las penas, como la pena vitalicia o cadena perpetua, sino de aplicar las penas tal cual existen, que se cumplan, que no exista el mayor índice de corrupción para que pueda jugarse con la ley y sus procedimientos”, compartió el abogado especialista.
Consideró que los ministros y miembros del Poder Judicial desconocen la realidad criminológica que permea en el país, además de que percibe que estos cambios tienen una connotación de carácter de infraestructura penitenciaria, toda vez que existe un hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria en la mayoría de los penales del país.
Sólo en el estado de Chihuahua la capacidad de internos en los Cereso se ha sobre pasado por poco más de mil 400 internos, ya que la estadística más reciente indica que 8 mil 808 personas se encuentran detenidas en alguno de los nueve penales, cuando el límite de atención ronda los 7 mil 400 en toda la entidad.
“Una forma de despresurizar estos es a través de estas medidas prohibiendo las medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa es necesaria, toral en la impartición de justicia del país, toda vez que al no existir la misma, ésta traería como consecuencia todavía un mal descontrol de parte de los grupos del crimen organizado”, aseguró el especialista en delincuencia organizada.
Consideró que desaparecer la prisión preventiva en ciertos delitos de forma permanente, o de forma gradual de los delitos de alto impacto, es un contexto negativo para el país, toda vez que la misma sociedad es quien exige un control de estos delitos como son el homicidio, trata de personas, violaciones entre otros más.
José Carlos Hernández dijo que esta estrategia de eliminar la prisión preventiva tiene una connotación en el sentido que el sistema penitenciario mexicano se encuentra colapsado completamente y quebrado en su infraestructura material y pecuniaria, es incosteable es una locura, porque hay personas que se encuentran recluidas y una forma de desfogar los centros penitenciarios es eliminando la prisión preventiva, “es desdeñable, sobre todo por el desconocimiento que permea de los funcionarios, que es el desconocimiento de la realidad criminal del país”.
Sobre la justificación de eliminar la prisión preventiva para no vulnerar derechos humanos como la presunción de inocencia, el abogado refiere que estos hechos se han mal entendido, porque asegura que no existe violación de los derechos humanos, toda vez que son delitos de alto impacto y la sociedad exige un control de los mismos, no se vulnera la presunción de inocencia, ya que la prisión no se otorga hasta que hay sentencia firme o ejecutoriada, es entonces cuando se decreta la total responsabilidad de una persona.
“No atenta contra derechos humanos, así lo establecen tratados y acuerdos internacionales, si no en todo el mundo no existiría la prisión preventiva oficiosa, los países desaparecerían la prisión preventiva oficiosa”, compartió al asegurar que es una medida que no sólo México aplica, sino que más países también mantienen esta figura jurídica.
El especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada también aseguró que esta petición es una forma litigiosa, de parte de la defensa del crimen organizado, para sacar a los defendidos de los centros penitenciarios y que tiene que ver con una connotación monetaria de infraestructura, para dar entrada a las personas que ya están sentenciadas, es la justificación sobreentendida, que está oculta en la idea de los derechos humanos.