La Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y mucho menos las corporaciones municipales de Juárez o Chihuahua tienen intervención en las investigaciones sobre delitos contra migrantes, principalmente aquellos que son privados de la libertad, defraudados o hacinados en la entidad.
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De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la corporación sólo auxilia en las intervenciones que lleven a cabo para el rescate de migrantes, pero no cuentan con carpeta de investigación en contra de los probables responsables de trasladar, albergar, defraudar, o explotar de forma laboral a los indocumentados, como ha ocurrido en decenas de casos.
A pesar de existir decenas de casos, domicilios y diversa información que podría ser utilizada por las corporaciones estatales para sancionar a los grupos que se encuentran tratando con migrantes, la Fiscalía General afirmó que sólo puede colaborar en los operativos de rescate y canalización de los mismos.
La autoridad encargada de estas investigaciones es la Fiscalía General de la República, que es el ente encargado de realizar las indagatorias correspondientes sobre los delitos en contra los migrantes, sin embargo, esta corporación tiene baja presencia en el estado y no podría abarcar las decenas de casos y denuncias que atiende en el día a día.
De acuerdo a los protocolos que mantiene el Instituto Nacional de Migración, cada ocasión que se localicen migrantes hacinados en bodegas o cualquier inmueble, deben realizar llamado a los corporaciones y a las autoridades de Migración, para atender a cada uno de ellos y tratar de retornarlos a su país de origen o dejar que sigan su camino.
Es decir que los migrantes a pesar de ser víctimas de fraude, trata y otros delitos son puestos en libertad y no se genera ni una sola carpeta de oficio a pesar de que este grupo de indocumentados no realiza alguna denuncia para no ser devuelto a su país de origen o para no tener conflictos con los grupos criminales.
La misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos advirtió que los indocumentados tienen temor a denunciar algún delito que hayan sufrido, sin embargo, sólo pueden ayudarlos a regresar a su país o dejarlos en libertad para que continúen con su camino a los Estados Unidos, donde buscan una mejor oportunidad de vida.