Luego de una demanda de amparo promovida por los habitantes de la comunidad de La Hierbabuena, del seccional de El Vergel, municipio de Balleza, para que los pobladores recibieran diversos apoyos gubernamentales, así como la atención médica y alimentaria para un niño de esa comunidad, se dio a conocer que la Delegación del Bienestar por medio de su área jurídica negó su responsabilidad y responsabilizó de omisiones a otras instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Así lo explicó el líder social, Ramón Molina Cáñez, quien detalló que a pesar de que un juez federal emitió en su momento una suspensión para que 13 instituciones gubernamentales atendieran la situación en la comunidad de La Hierbabuena, la petición inicial se habría realizado al titular del Bienestar en Chihuahua, Juan Calos Loera.
En este sentido, comentó que fue en el mes de enero cuando el “siríame” o gobernador indígena de esa comunidad, Lorenzo Bustillos, realizó la petición por escrito a Juan Carlos Loera, la cual fue sellada como recibida por parte del Bienestar, ante la nula respuesta, se trasladó al Poder Judicial de la Federación, donde se inició con una demanda de amparo.
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En dicho documento se incluyó al municipio de Balleza, a la gobernadora constitucional, al secretario general de Gobierno, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Educación y Deporte, al Instituto Chihuahuense para Infraestructura Física, al titular de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a la Secretaría de Salud Estatal, a la Secretaría de Salud Federal, al titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, a la Delegación del Bienestar en Chihuahua, al DIF Estatal y al DIF Municipal de Balleza.
El ciudadano comentó que en su momento, los informes solicitados a las dependencias, se entregaron, en su mayoría, negando la responsabilidad por distintas circunstancias, sin embargo, al no existir mayores argumentos, esa etapa se dio por concluida, siguiendo con el desahogo del proceso en donde, el Bienestar Chihuahua, informó que por parte de esa dependencia federal, sí se habrían llevado a cabo los compromisos como la entrega de apoyo alimentario, el pago de las becas para adultos mayores y por discapacidad, y por el contrario, la responsabilidad recaía en el resto de las dependencias mencionadas.
Molina Cáñez destacó que eso fue durante una audiencia constitucional, donde el representante jurídico del Bienestar aseguró que lo que a ellos compete, estaba cubierto y que eran las otras dependencias las que estaban omitiendo sus obligaciones, por lo que el juez instruyó a la Delegación a que presente las pruebas que acrediten la cobertura de esas obligaciones, posteriormente, en el mes de octubre, el niño Guadalupe Cruz falleció por presunta desnutrición.
El activista reiteró que se responsabiliza directamente al Bienestar y no al resto de las instituciones, porque desde el mes de enero fue a esa dependencia y su titular, Juan Carlos Loera, a quien se le pidió la intervención, tanto para la beca por discapacidad como para el alimento para el menor fallecido, siendo los otros problemas, situaciones que aún se pueden cubrir, no así la vida del menor y el deceso posterior de otra niña de un año y medio de edad identificada como Inés Cruz Bustillos, también de esa comunidad.
Reacciones legislativas
Dentro del Congreso del Estado, este caso generó la reacción de los coordinadores de los tres principales Grupos Parlamentarios, así como la aprobación de un exhorto.
Cuauhtémoc Estrada de Morena hizo un sentido llamado a no politizar el tema ni las denuncias presentadas por habitantes de la comunidad de Hierbabuena, así como no hacer esquemas electorales, resaltando que son trece dependencias tanto estatales como federales las acusadas por los habitantes.
Por el contrario, motivó a que se busque la manera de que aplicar los ordenamientos y resolver el problema de desnutrición, y es que subrayó que no es posible que, en estos tiempos, con la recién aprobada Ley para la Donación, Rescate y Aprovechamiento Integral de Productos Alimenticios en el Congreso del Estado y teniendo el conocimiento de que el 36 por ciento de los alimentos óptimos para consumo se sigan desperdiciando mientras se siguen perdiendo vidas por esa causa.
Su compañera María Antonieta Pérez presentó a su vez un exhorto, el cual fue aprobado y el que se pidió a la Secretaría de Salud del Estado se informe respecto a las medidas y programas que se aplicarán para la prevención y combate de la desnutrición en la zona serrana de la entidad.
Asimismo, al Gobierno del Estado se le solicitó que indique sobre las medidas a implementar para la protección de las comunidades de la Sierra Tarahumara ante la próxima temporada invernal, dado que se esperan extremas bajas temperaturas.
Por otra parte, el líder legislativo priista, Noel Chávez, aseguró que el Gobierno del Estado ha estado constantemente atendiendo el tema de desnutrición, tan es así que en varias zonas se cuenta con Centros Comunitarios de Alimentación.
El panista Alfredo Chávez comentó en primera instancia que desconoce si la información sobre la muerte del menor sea cierta o no; empero, precisó que “los compañeros rarámuris tienen todo el derecho de denunciar a un delegado ya que está prácticamente ausente de los grandes temas del estado”. Aunado a eso, exigió a Loera que deje de estar encampañado y atienda sus responsabilidades, pues acusó que tiene olvidada a la entidad.
