El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, encabezó el arranque de la campaña para prevenir el delito de trata de personas, con el cual se busca informar a detalle sobre lo que conlleva dicho delito, para que las diferentes comunidades conozcan en qué consiste y cómo evitarlo.
“La trata de personas es un delito grave que afecta contra la dignidad de las personas, lamentablemente México es un país de origen, tránsito y de destino en materia de trata de personas”, lamentó Jáuregui Moreno.
El funcionario estatal comentó que, el problema de la trata no sólo radica en la explotación sexual, sino en la explotación laboral, mendicidad forzada y hasta el uso de menores de edad para actividades delictivas.
Detalló que, para el caso de las víctimas de dicho delito, no existe un perfil exacto, sino que cualquier persona en un momento dado, puede ser víctima de trata de personas, sin importar la edad, sexo, creencias o cualquier condición social o física.
Manifestó que es fundamental proporcionar información al mayor número de ciudadanos, para que puedan evitar ser víctima de ese delito, pues usualmente los tratantes de personas se valen de las necesidades, esperanzas y sueños de las personas, para engancharlas en las redes del delito, aprovechándose de la vulnerabilidad, como lo son las condiciones económicas, de violencia familiar, el desempleo, la situación migratoria, entre otras condiciones.
En este sentido, resaltó que las personas deben ser muy cuidadosas al momento de aceptar ofertas de empleo que resulten poco claras, situaciones de enamoramiento no convencionales, cuando se busca alejar a las personas de su entorno familiar o de protección, las promesas migratorias y todo tipo de engaños.
Jáuregui Moreno, dijo que, con frecuencia, las víctimas no son detectadas y por el contrario, son blanco del prejuicio social.
Adelantó que, dentro de las actividades informativas, también se encuentran labores coordinadas de manera interinstitucional, para prevenir y combatir ese delito.
En el evento estuvieron presentes, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz; el magistrado Acosta, como representante del Poder Judicial del Estado.