Con 17 votos a favor y 11 en contra, el Congreso del Estado aprobó un exhorto presentado por Movimiento Ciudadano por medio del cual alentaron a los demás Poderes Legislativos estatales a que rechacen el proyecto de la supremacía constitucional que fue avalado este miércoles por la Cámara de diputados.
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Tras un debate en el que Morena alegó que esta propuesta ya no tiene efecto toda vez que la minuta ya fue aprobada en más de la mitad de las entidades federativas, lo cual avala el proyecto en su totalidad a la espera de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, finalmente se optó por avanzar con este exhorto.
El creador de la propuesta, expuso que dentro de los motivos de la iniciativa de los senadores Adán Augusto López Hernández, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, así como por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, se propone “para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al Texto fundamental”.
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Uno de los puntos centrales y más alarmantes de la iniciativa, de acuerdo a lo que mencionó Sánchez Villegas, fue la propuesta de reforma al artículo 1º Constitucional, en la cual se plantea establecer que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad…”.
Ante todos los demás cambios que se hicieron con estas reformas, el emecista reiteró que se está atentando el estado de derecho y a la seguridad jurídica en el país, pues “el estado de derecho se basa en la existencia de normas claras y mecanismos de control que permitan revisar, cuestionar y enmendar las decisiones de los poderes públicos cuando éstas vulneran los derechos fundamentales o contravienen los principios constitucionales”.
Igualmente, expuso que la seguridad jurídica se ve comprometida al impedir que los ciudadanos cuenten con mecanismos efectivos para defenderse ante cambios en la Constitución que puedan ser contrarios al interés general o violar derechos humanos.
“Al cerrar la puerta al control judicial sobre el proceso de reforma constitucional, el poder legislativo podría actuar sin límites claros, comprometiendo la estabilidad del orden jurídico y socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, concluyó.