El delegado de Programas Sociales del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, exigió la entrega inmediata de los libros de texto, a la gobernadora María Eugenia Campos quien afirmó que mantuvo "secuestrados" los libros durante 40 días.
“Exigimos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que repare el daño que le causó a la niñez de Chihuahua, a madres y padres de familia, maestras y maestros, durante los 40 días que mantuvo secuestrados los libros de texto gratuitos", señaló el delegado estatal.
Lo anterior, luego de que por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia que promovió Campos Galván contra de la distribución de libros de texto gratuitos en la entidad.
Juan Carlos Loera, expuso que "sus ansias privatizadoras, clasistas y antipopulares, secundadas por empresarios", provocaron un daño que debe repararse.
Exigió a la gobernadora, "reintegre al erario público, lo que gastó en los cuadernillos que mandó hacer para suplir los libros de texto, con su dinero, y el de los empresarios que la patrocinaron en su afán desmedido de poder".
Agregó que "ya no hay pretexto para mantener secuestrados los libros de texto", por lo que reiteró la exigencia para que se distribuyan cuanto antes.
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Añadió las marchas que hicieron miles de personas, "principalmente maestros y maestras, hicieron presión para que la Suprema Corte de Justicia desechara la controversia constitucional", ya que fueron más de 100 mil chihuahuenses, los que plasmaron su firma para exigir la entrega de los libros.
Cabe mencionar, que el análisis de la controversia constitucional 400/2023, dejó sin efecto la admisión de la demanda de controversia por parte del ministro Luis María Aguilar.
Lo anterior, en virtud de que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua "carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional planteada".
De acuerdo a la resolución de la Suprema Corte, la demanda promovida por el Gobierno del Estado de Chihuahua, no aduce de ninguna forma a violaciones constitucionales, por lo cual, la distribución de los libros de texto, no se puede prohibir.
La demanda en contra de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y demás instituciones, hacía alusión al diseño, elaboración, producción y distribución de los libros de texto gratuitos, sin embargo, la controversia constitucional, fue desechada por la Suprema Corte de Justicia.
