Salieron de su hogar para salvar a vida, la violencia los hizo desplazarse de manera forzada, por lo que ahora exigen al Senado de la República la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, a fin de evitar que más comunidades sufran por este flagelo, pero además que se tipifique del delito de desplazamiento forzado.
Ello tras el "Encuentro Nacional del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes" donde se ha conformado un grupo para exigir contar con un marco normativo que les reconozca como víctimas y se les apoye a recobrar su vida.
A pesar de que más de 356,000 personas fueron desplazadas entre 2009 y 2020 por la violencia en México, el Estado no reconoce esta crisis humanitaria y, por lo tanto, no atiende de manera integral el problema. Un ejemplo de esta grave omisión es que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, misma que ya fue aprobada por unanimidad en la cámara de diputados, se encuentra congelada en el Senado de la República desde hace más de un año.
Violaciones sexuales, incendio de viviendas, robos, secuestros, balaceras y homicidios son parte de las tragedias que las víctimas de desplazamiento forzado deben de sufrir ante el clima de violencia que se vive en el país.
En Chihuahua, los desplazados de Monterde y El Manzano en la Sierra Tarahumara, en voz de Cruz Marcelo Soto Contreras relató que desde el 2014 se encuentran desplazados por la violencia que se vive en la zona por parte del crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal.
La comunidad de Monterde en el municipio de Guazapares fueron expulsados en el 2014 y en el 2015 la comunidad de El Manzano en Uruachi. Ambas comunidades conforman un colectivo de más de 120 personas en situación de desplazamiento.
Marcelo Soto relató que al llegar a la capital del estado no conocían a nadie, poco a poco se fueron reuniendo con otras personas en la misma situación, hasta ser arropados por algunas organizaciones de la sociedad civil que hoy acompañan su lucha.
“Es importante unirnos porque nos fortalece y nos permite apoyarnos unos a otros, porque es difícil vivir un desplazamiento, buscar y empezar de cero”, señaló Marcelo.
Mencionó que no sabían dónde poner la denuncia, y cuando lo hicieron las represalias no se hicieron esperar, asesinaron a sus tíos y a su padre Cruz Soto Caraveo en octubre de 2019, quien durante 4 años vivió amenaza tras amenaza.
“No ha sido fácil la lucha, pero seguimos, la exigencia es que se apruebe la ley, prácticamente estamos desamparados”.
Resaltó que en Chihuahua hay otras comunidades desplazadas pero por miedo a represalias, sobre todo perder la vida o que les lleguen a criminalizar, optan por no denunciar.
Además de Marcelo, habló Venustiana López de la Comunidad de Tierra Blanca de Oaxaca, quien desde el pasado 26 de diciembre de 2020 se encuentra en situación de desplazamiento luego de que a su comunidad llegaron grupos de hombres fuertemente armados, asesinaron a muchas personas y dejaron heridos a los niños.
Le siguió Evangelina Contreras Ceja, de Michoacán, quien desde hace 10 años busca a su hija, luego de que un 11 de julio de 2022 llegaron elementos de la policía, marina y crimen organizado para llevársela junto con su padre. En su lucha sus hijos han sido presos políticos y toda su familia se ha visto en la necesidad de desplazarse desde el 2016. “En Michoacán además de ser desplazados, son despojados de sus pertenencias, desaparecidos, asesinados e incluso hay muchos feminicidios”, denunció.
Ante la inacción del Estado, en octubre de 2021 se conformó el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes. El trabajo del Colectivo se ha enfocado en incidir sobre el proceso legislativo en torno a la problemática y visibilizar la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México.
En el marco de este trabajo, en días pasados, el Colectivo realizó su primer encuentro nacional en Chilpancingo, Guerrero, donde generaron una estrategia para visibilizar la problemática y coadyuvar a la construcción de soluciones duraderas, exigiendo a los Gobiernos federal y estatales que instruya a la Secretaría de Hacienda a no objetar la gestión de presupuestos en el proceso legislativo para que las Comisiones del Senado puedan seguir adelante con la iniciativa de ley; que se atiendan y corrijan las causas estructurales de la violencia, propiciando el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria para seguir construyendo condiciones de vida digna.
Al Senado de la República la aprobación inmediata de la ley en materia de Desplazamiento Forzado Interno y que se tipifique el delito de desplazamiento forzado.
A los Congresos estatales que haga un extrañamiento conjunto al Senado para agilizar el proceso legislativo que incluyan en sus respectivas agendas legislativas el tema, para dar atención local a la problemática.
A los organismos públicos autónomos de Derechos Humanos y a las Comisiones de Atención a Víctimas que se sumen al llamado para la promulgación de la ley y la garantía de los recursos necesarios para la atención de las víctimas. Que exista un proceso de diálogo permanente entre el Estado, las víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones acompañantes para evaluar y proponer las medidas de atención a esta crisis humanitaria.
Además de acción planificada de reintegración comunitaria con condiciones de vida digna.